CIUDAD DE MEXICO

Entre 2008 y 2011, el crimen dominaba en San Fernando, Tamaulipas, reconoció el Gobierno mexicano que ayer inició el proceso de reparación de daño para víctimas ecuatorianas de la masacre de 72 migrantes ocurrida en ese municipio en 2010.

Al cumplirse ayer 8 años del secuestro y ejecución de centroamericanos perpetrado por los Zetas, el titular de la CEAV, Jaime Rochín, notificó a las autoridades ecuatorianas la resolución con la que indemnizará a 48 personas en total, correspondiente a un sobreviviente de los hechos y a 47 familiares de cinco víctimas mortales.

Desde Quito, Rochín indicó en entrevista telefónica que, como parte de las medidas de no repetición, se reitera la preocupación por el contexto en el cual se dio la masacre.

“Ahí hay un reconocimiento específico del Estado mexicano de que estos hechos fueron violatorios graves de derechos humanos y que, en ese territorio, en esas fechas, existía una situación especial de dominio (del crimen) y de graves violaciones a derechos humanos”, dijo el funcionario.