Reserva Jamanxim, Pará, Brasil.
“Ríndase, entréguese, tenemos sus documentos y vamos a quemar el buldózer”, grita el sargento del batallón de la Policía Ambiental (BPA) enmedio de la Reserva amazónica de Jamanxim, al norte de Brasil, después de que fiscales ambientales encontraron la maquinaria escondida que usan peligrosos madereros y buscadores de oro para destruir la mayor selva tropical del planeta.
El llamado del policía militar, que blande su fusil semiautomático y no se desprende del pesado chaleco antibalas pese al calor y la humedad, no tiene éxito y el maderero ilegal se esconde en la selva, probablemente armado, mientras las dos decenas de oficiales buscan por entre la densa naturaleza en un clima de alta tensión.
“Estas son operaciones muy peligrosas. Entramos en zonas aisladas de bosque que los madereros conocen muy bien. Estamos entrenados para este tipo de abordajes e intentamos que no haya conflicto armado, pero no siempre se consigue”, explica el sargento –que pide el anonimato- a Notimex, quien acompañó una operación de 24 horas en una de las regiones más conflictivas del Amazonas brasileño.
El año pasado un policía ambiental fue asesinado en una emboscada en esta misma reserva durante una operación contra madereros, mientras en las ciudades próximas a Jamanxim –como Novo Progresso o Castelo dos Sonhos- la corrupción, la impunidad y el abandono del estado desemboca en urbes “sin ley” donde los asesinatos por deudas o disputas son frecuentes.
Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo católico que asiste a campesinos sin tierra y grupos indígenas en Brasil, indican que en 2016 murieron 61 personas en el país en conflictos por tierra en el país, el 79 por ciento en el Amazonas, pero la cifra es probablemente mucho más alta, debido a la incapacidad de reportar todas las muertes.
Situada en el norte de Brasil, en el extremo suroeste del estado amazónico de Pará, la invasión de la reserva de Jamanxim por parte de madereros, buscadores de oro ilegales y ocupantes de tierras públicas se exacerbó en la última década como consecuencia de la apertura o mejora de infraestructuras.
El asfaltado una década atrás de la única carretera interestadual (la BR-163) en esta región pobre y aislada con el objetivo de permitir el transporte de millones de toneladas de soya -producida 500 kilómetros más al sur- facilitó el acceso a las reservas naturales en los márgenes de la carretera, incrementando la criminalidad ambiental a gran escala.
Ante la incapacidad de decomisar el buldózer –usado para abrir senderos por entre la vegetación y llegar hasta las especies valiosas de madera-, los fiscales lo rocían con gasolina y le prenden fuego.
“El objetivo es provocar una descapitalización de los criminales, para que traten de desistir en las actividades criminales. Pero el lucro es tan alto que es difícil”, admite la jefa de la misión, una joven fiscal del Instituto Ambiental Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
Con escasos medios económicos y tecnológicos, los funcionarios del ICMBio y la policía militar brasileña realizan la protección de millones de hectáreas de selva amazónica, aunque carecen de aviones, helicópteros e incluso radios de comunicación profesionales.
Las misiones, realizadas por tierra en dañados vehículos 4x4 que exigen varias reparaciones en una misión de 24 horas, según constató Notimex, inician al amanecer y nunca se sabe cuándo acaban, ya que en ocasiones el convoy –compuesto por unos 25 oficiales- debe pernoctar en medio de la selva, ante la distancia a recorrer hasta las áreas de crimen organizado.
En un año en que la deforestación del Amazonas brasileño aumentó un 29 por ciento anual y afectó a ocho mil kilómetros cuadrados, los fiscales, la policía ambiental y los funcionarios que luchan por proteger la selva critican los severos recortes impuestos por el gobierno del presidente Michel Temer, que ha causado incluso la paralización de acciones por la falta de combustible.
“La falta de presupuesto nos empuja a una falta de profesionalización. No se puede combatir el crimen de esta forma, con gente que tiene apenas vocación. Siempre vamos por detrás de los criminales, que tienen aviones, radios, informadores en toda la ciudad… Captamos a veces en las frecuencias de radio que conocen hasta el nombre de los funcionarios que vienen a fiscalizar”, explica la jefa de misión, que también pide el anonimato.
Desde que asumió el poder tras la destitución de Dilma Rousseff, el presidente Temer es acusado por organizaciones ambientales e indígenas acusan al mandatario de aliarse a los influyentes productores rurales y las grandes empresas mineras para rebajar la legislación ambiental y los derechos indígenas sobre los codiciados territorios amazónicos.
Entre las polémicas propuestas del gobierno de Temer figuran el permiso de extraer mineral de forma industrial de las reservas, la reducción hasta en un 40 por ciento del presupuesto de los órganos fiscalizadores medioambientales o la aprobación de medidas legislativas para tratar de reducir la extensión de tierras indígenas.