CIUDAD DE MÉXICO
El equipo de campaña del candidato del PRI aseguró que José Antonio Meade fue quien ordenó las auditorías en Sedesol para castigar a más de 400 funcionarios que incurrieron en irregularidades en el Programa de Adultos Mayores.
Sin embargo, la oficina del aspirante reconoció que los resultados de esas indagatorias se concretaron cuando Meade ya no era titular de la dependencia.
“Como se hizo público a través del comunicado oficial número 352 emitido por la Sedesol el 9 de diciembre de 2016, más de 400 servidores públicos fueron suspendidos y separados de sus encargos, resultado de una auditoría que solicitó Meade durante su gestión en esta dependencia”, señalaron.
En el comunicado de referencia, la Sedesol dio a conocer que fue Luis Miranda, sucesor de Meade, quien determinó que se ejecutara la suspensión de 493 promotores sociales para que fueran investigados.
También fue el mexiquense el que pidió que se remitiera toda la información sobre las anomalías detectadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para dar cauce a siete denuncias presentadas sobre hechos.
Esta noche, el equipo de Meade informó que las acciones contra quienes incurrieron en falta fueron corroboradas, hace algunas horas, por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Los colaboradores del abanderado priista respondieron así a los señalamientos de la coalición Por México al Frente sobre que no existe registro del castigo aplicado a los servidores públicos mencionados.
“El equipo de campaña de Ricardo Anaya dijo falsamente que, derivado de una auditoría realizada al Programa de Adultos Mayores de la Sedesol, no se derivaron suspensiones a servidores públicos. Nuevamente se trata de una mentira”, afirmaron.
“Una vez más, Ricardo Anaya busca desviar la atención sobre las graves acusaciones que han sido formuladas en su contra por beneficiarse de un esquema de lavado de dinero, mediante el uso de empresas fantasma que le generaron ganancias por 54 millones de pesos”.
El equipo de Meade agregó que no se darán a conocer los nombres de los funcionarios involucrados en esa falta, ya que la ley impide publicar información reservada “por la naturaleza de los procedimientos que se siguen”.