CIUDAD DE MÉXICO
En el Juzgado federal ubicado en el Municipio de Nezahualcóyotl, el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se reservó su derecho a declarar.
Esto, luego de que el Ministerio Público federal solicitó la vinculación a proceso al Juez de control.
El delito achacado al ex Mandatario priista es operación de recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar o pretender ocultar inmuebles en territorio mexicano con conocimiento de que éstos proceden de una actividad ilícita.
Los delitos imputados proceden de abril de 2011 a septiembre de 2016, tiempo que duró su mandato.
El Ministerio Público de la Federación señaló que uno de los actores en el plan de Borge es Claudia Romanillo, a quien nombró como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo.
A ésta, el Ministerio la señaló como cómplice en el remate de 22 predios que se acusa fueron vendidos con precios por debajo de las valuaciones en sitios como Chetumal y Tulum.
Se indicó que estos predios fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, aunque el precio real fue de mil 138 millones 889 mil 540 pesos.
La diferencia es de 900 millones 99 mil 418 pesos, lo que fue señalado como quebranto al patrimonio de la entidad.
El Juez que lleva el proceso es José Artemio Zúñiga del Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México.
A pesar de que Enrique Beltrán Santés, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, en Nezahualcóyotl, fue quien originalmente libró la orden de aprehensión contra Borge, se indicó que será Zúñiga Mendoza quien esté a cargo de la audiencia.
Una hora duró la exposición de motivos de imputación y, luego de ello, el Juez le preguntó a Borge sobre si deseaba declarar, pero el imputado se negó.
VINCULA PGR A MAMÁ
En la audiencia de Roberto Borge, la Fiscalía presentó una la presunta red de corrupción para rematar 22 predios donde una de las principales artífices es su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla.
A ella se le vendieron propiedades con un valor ínfimo al avalúo, por lo que es señalada como cómplice.
También señalan como vendedora en distintos contratos a Claudia Romanillos Villanueva, quien fue secretaria particular en diversos puestos y a quien Borge nombró como titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo.