Cd. de México
La bancada del PRD en el Senado propuso reformas al Código Penal Federal y de Procedimientos Penales para quitar años de cárcel a los funcionarios de bajo nivel que entreguen información para consignar a los altos mandos del servicio público acusados de corrupción.
El proyecto fue presentado por el secretario de la Mesa Directiva, Luis Humberto Fernández, quien explicó que la reducción de la pena podría ir del 20 al 70 por ciento, dependiendo del grado de colaboración de los funcionarios.
“La iniciativa pretende incentivar la denuncia de la cadena jerárquica de corrupción, dando al servidor público bajo proceso el beneficio de la reducción de la pena entre un 20 y 70 por ciento”, señala el proyecto.
“(El beneficio se dará) al que aporte información, testimonio y evidencias sobre la participación de sus superiores, compañeros y subalternos”.
Fernández sostuvo que gracias a este tipo de mecanismos, en países como Brasil y Guatemala ha sido posible escalar las investigaciones sobre casos de corrupción para llegar a los más altos niveles del Gobierno, como la Presidencia.
Explicó que se trata de una mecanismo denominado “primer acuerdo”, para que el funcionario confiese voluntariamente, ante la autoridad judicial, a cambio de reducir su pena por los delitos que cometió.
Si lo hace antes de que se inicie el procedimiento penal o administrativo en su contra, la sanción se podrá reducir entre un 40 y 70 por ciento.
Si decide confesar cuando ya está sujeto a proceso, la reducción podrá ser sólo entre el 20 y el 50 por ciento.
El sujeto deberá expresar su decisión de colaborar, dar información, testimonio y evidencia ante las autoridades, para que su petición pueda ser evaluada.
“Con estas acciones será posible no sólo sancionar a los autores materiales sino también a los autores intelectuales del delito”, señala.
“El común denominador de los delitos de corrupción es que generan beneficios que no son en su totalidad para la persona que los comete sino para el autor intelectual”.
Fernández detalló que, mientras los ejecutores del acto delictivo no señalen a la persona o personas involucradas, no será posible detectarla.
De aprobarse la reforma, el mecanismo procedería cuando se trate de delitos como ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, intimidación y ejercicio abusivo de funciones.
También en casos de tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.