El suspenso en la clase política tamaulipeca terminó. Ayer la Secretaría de Relación Exteriores (SRE) concedió la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, a Estados Unidos bajo el cargo por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
Pasado el mediodía del viernes personal federal notificó la resolución del canciller Luis Videgaray Caso al político preso en el penal de Ciudad Victoria.
La resolución impactó a nivel político. Eugenio Hernández es consejero estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas y, por ende, militante nacional.
Con la extradición en puerta, la Comisión Nacional de Justicia iniciaría la evaluación de su situación para expulsarlo, tal como sucedió con el exmandatario Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien espera el veredicto de la Corte italiana para ser extraditado a territorio estadounidense.
CARGOS EN TEXAS
La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas culpa a Hernández Flores de tres delitos, de los cuales sólo uno fue aceptado por el gobierno federal mexicano.
En el acuerdo de extradición, la Cancillería sólo aprobó el cargo por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero y desechó los ilícitos de operación de un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
En respuesta, el abogado Juan Jorge Olvera Reyes anunció que en los próximos 30 días hábiles interpondrán un amparo para evitar el traslado judicial. Por la tarde de ayer el político y su equipo legal se reunieron en el penal de Ciudad Victoria. La determinación de oponerse podría prolongar el caso durante meses, por lo menos tres, tiempo en que un juez federal evaluará los argumentos para evitar el envío del político al extranjero.
Hace 15 días el secretario Luis Videgaray Caso resolvió la solicitud de extradición enviada por el Departamento del Estado norteamericano, que “cumplía con todos los requisitos del Tratado bilateral”.
La decisión, explicó la Cancillería, se justifica en el artículo 9 del Tratado bilateral en la materia, para conceder a sus nacionales.
“Esta Secretaría informa que al momento de analizar y resolver sobre una solicitud de extradición, no prejuzga respecto de la culpabilidad o inocencia de un reclamado en la comisión de los delitos que se le atribuyen, dado que el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo”, especificó en la comunicación oficial.
La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas reclama a Eugenio “N” y a su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra por ser presuntos responsables de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, lo anterior realizando contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.
Cinco días después de que Hernández Flores fue aprehendido y recluido por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas, la embajada de Estados Unidos en México solicitó la captura del tamaulipeco.
La nota diplomática 17-3953 fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR), mediante el oficio ASJ- 36286 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE.
La revisión del expediente y las audiencias del proceso judicial tardaron tres meses. El 23 de enero, el juez de distrito Eucario Adame Pérez emitió una opinión jurídica no vinculatoria contra la extradición del político. Asimismo, recomendó al gobierno mexicano solicitar al causa penal norteamericana 2:14-cr-00178 para enjuiciarlo.
EMPRESAS ‘FACHADA’
La investigación de la Corte de Texas asegura que durante el mandato de Hernández Flores, Óscar Gómez Guerra ayudado por el empresario Guillermo Flores Cordero y más personas crearon empresas ‘‘fachada’’ y abrieron cuentas bancarias en el Valle de Texas.
Para ello, falsificaron documentos que entregaron a los bancos Inter National Bank y Lone Star Bank of Commerce.
“Una vez que las cuentas de los bancos estadounidenses de aperturaron y el dinero se envió a las cuentas de las empresas fantasmas, los coconspiradores recibieron sus pagos en cuentas bancarias particulares’’, informó el gobierno estadounidense.
Asimismo, aseguró que Óscar Manuel Gómez Guerra tomó su parte y los fondos restantes fueron depositados en un cuenta nominada a nombre de coconspirador de la cual la investigación reveló estaba para el beneficio de Eugenio Javier Hernández Flores.