Tancing describe su negocio como una empresa familiar –un mom & pop business– que produce sus propias variedades de marihuana libre de pesticidas y cumple con todos los requisitos fijados por el estado para operar dentro de la legalidad. El negocio se anuncia como “una galería de lujo para el conocedor sofisticado de la cannabis”, y sus ventas anuales son de alrededor de 2 millones de dólares.
Es un negocio exitoso, pero eso no impidió que el banco pusiera un día una bandera roja en las cuentas de la empresa y le diera a Tancing un plazo de 15 días para retirar su dinero.
“No te dicen por qué. Sólo avisan que tienes dos semanas para retirar el dinero”, cuenta la empresaria y madre de familia. “Tuvimos que usar cada contacto, cada relación que teníamos para que metieran las manos por nosotros y otro banco pudiera aceptarnos”. El banco con el que ahora trabajan –cuyo nombre se reserva, como lo hacen todos los empresarios de esta industria– se ubica a siete horas de distancia.
El 29 de agosto de 2013, el Departamento de Justicia emitió un memorándum dirigido a todos los fiscales de Estados Unidos en el que priorizaba los criterios a seguir para perseguir delitos que involucren marihuana en los estados en que la planta es legal.
Básicamente, el memorándum dejaba claro su derecho a intervenir en esos negocios para evitar la distribución de marihuana a menores, imposibilitar que las ganancias se canalicen a pandillas o cárteles; impedir el tráfico de estados donde es legal a entidades donde no lo es y prevenir la venta de otras drogas ilícitas en esos establecimientos. Citó, además, la prevención de la violencia y el uso de armas en el cultivo y distribución de marihuana, así como el cultivo en áreas públicas y la posesión de la planta en propiedades federales.
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro clarificó las reglas para que los bancos pudieran prestar servicios a la industria: los obliga a proporcionar al gobierno un reporte detallado de la operación de los negocios de marihuana y a infomar sobre cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero (derivada de otra actividad criminal). Los bancos deben, además, advertir al gobierno cuando el negocio obtiene más ganancias de lo que se esperaba y no provee información sobre cómo las consiguió, o cuando el negocio realiza transacciones financieras en exceso (depósitos seguidos de retiros inmediatos). Es decir, cuando le pongan una red flag a la operación del negocio.
Aunque los lineamientos de los departamentos de Justicia y del Tesoro abrieron una posibilidad al sistema bancario de trabajar con la industria de la marihuana –siempre y cuando sus clientes los siguieran al pie de la letra– el mensaje seguía siendo el mismo: es ilegal a nivel federal y es obligación del estado combatirla.
En palabras simples, el riesgo de intervención federal en las cuentas manejadas por el banco sería una amenaza constante para ellos. Así que los grandes consorcios nacionales como Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, entre otros, evaluaron sus cartas y optaron por decir “paso” a la industria de la marguana. Demasiado riesgo para instituciones que en teoría lo aborrecen.
Pero no sucedió lo mismo con pequeños bancos regionales que decidieron entrarle al negocio, ya fuera manejando esas cuentas por debajo de la mesa o de la manera más discreta posible. Difícilmente, algún ejecutivo bancario de esas instituciones admitirá que maneja las cuentas de un dispensario. Tendría que tener menos de dos dedos de frente para hacerlo.
LA PESADILLA DE LOS IMPUESTOS
La revolución nunca es tersa y el acceso al sistema bancario no es la única dificultad de la industria. El mismo hecho de pagar los impuestos es complicado cuando los lineamientos federales entran en contradicción con los estatales.
En esta historia hay que retroceder un poco más de tres décadas al momento en que Jeffrey Edmondson, drug dealer en las calles de Minneapolis, fue atrapado por la policía, encarcelado y además auditado por el IRS (el equivalente al SAT mexicano), que encontró que Edmonson le debía 17 mil dólares al fisco por ingresos no declarados producto de la venta de sustancias ilegales en 1974.
Desde su celda, Edmonson apeló la auditoría y proporcionó pormenores de la operación de su negocio. Declaró que ese año recibió en consignación un millón 100 mil anfetaminas, unos 50 kilos de marihuana y menos de medio kilo de cocaína para su venta en las calles y que el costo de los bienes vendidos fue de 105 mil 300 dólares. Además de ello, declaró como gastos deducibles una porción de la renta del departamento en el que vivía –su “oficina”–, así como otras erogaciones menores como la compra de una báscula, materiales para empaquetar, teléfono y uso de automóvil.
El juez sopesó los argumentos de ambas partes y emitió un fallo favorable para el drug dealer, lo que significó que la Corte daba el visto bueno para que un contribuyente o negocio cuya base era el tráfico de sustancias controladas pudiera deducir gastos de su ingreso neto. Es decir, en términos de impuestos, el drug dealer tenía derecho a ser tratado como cualquier otro empresario.
Sin embargo, el gusto les duró poco a quienes se dedicaban a actividades ilícitas, pues un año después una enmienda al código de impuestos negó créditos, exenciones o deducciones a negocios que trafiquen con cualquier producto incluido en la Lista de Sustancias Controladas. En términos llanos, esa enmienda –aún vigente– implica que los empresarios de la industria de la cannabis pagan impuestos sobre sus ingresos brutos, no sobre la ganancia neta, lo que los deja en una situación de desigualdad frente a cualquier otro negocio.
“Esta medida nunca fue pensada para los negocios que operan legalmente bajo las leyes estatales”, resume Aaron Smith, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis, que agrupa a unos mil empresarios del ramo en el país. “Su resultado es que ha creado una carga fiscal para los negocios legales de la mariguana que puede ser de entre 70 y 90 por ciento de su ganancia”.
Pongámosle rostro al tema: el propietario de un dispensario en Seattle, Washington, declaró en 2014 ingresos de 154 mil dólares y tuvo gastos de 101 mil. No pudo deducir gastos y pagó impuestos por poco más de 46 mil dólares, equivalentes a 87 por ciento de su ganancia real. Así que sólo le quedaron 7 mil dólares de utilidad.
“Pareciera que estamos trabajando para alimentar al fisco”, dice un empresario en Denver que está considerando demandar al IRS. “No puedes pensar en reinvertir utilidades, en aumentar salarios o ampliar el negocio. El fisco te come, te lleva directo a la bancarrota”.
A eso hay que agregar que en los estados en los que la mariguana es legal los empresarios del ramo pagan, además de los impuestos federales, gravámenes estatales.
Michael Elliot, del Marijuana Industry Group en Denver, cree que el IRS está tratando de obligar a la industria al cierre. “Estamos de acuerdo con los impuestos. De hecho, apoyamos las propuestas para que la industria pagara impuestos una vez que fuera legal. Queremos pagar impuestos y que éstos vayan a programas educativos, al tratamiento y prevención de adicciones, pero, al mismo tiempo, el IRS nos está llevando a una situación extrema”.
EL PODER DEL CABILDEO
Contar con un poderoso equipo de cabildeo en la capital estadounidense sirve de algo y tres grupos han liderado el proceso para impulsar cambios que beneficien a la industria: el Marijuana Policy Project (MPP), la Drug Policy Alliance (DPA) y la National Cannabis Industry Association (NCIA).
MMP es la organización política más grande a nivel nacional y se jacta de ser responsable de la modificación de las leyes de 23 estados. Fue creada en 1995 por un grupo de activistas que soñaban con poner fin a la prohibición de la cannabis. Desde entonces la organización creció hasta desarrollar una sólida estructura que incluye una división de cabildeo en el Congreso federal, otra que aporta recursos económicos a candidatos a legisladores y a congresistas en el cargo, así como una división educativa. Las tres divisiones comparten un presupuesto anual de poco más de 5 millones de dólares.
El Center for Responsive Politics, agrupación sin fines de lucro que monitorea el dinero en la política y su efecto en elecciones y políticas públicas, reportó que el MMP ha gastado desde 2002 poco más de un millón de dólares en cabildeo en Washington. Entre 2005 y 2014, el grupo contribuyó con un cuarto de millón de dólares a campañas, en su mayoría de candidatos demócratas.
Entre los políticos que han recibido contribuciones están 23 congresistas y tres senadores, incluidos algunos representantes del conservador Partido Republicano, como el senador por Kentucky, Rand Paul, quien se convirtió en el primer aspirante presidencial en cortejar a los empresarios de la marihuana durante la Segunda Convención Anual de la Industria de la Cannabis, realizada en Denver en julio de 2015.
Paul fue el anfitrión en una cena proselitista en la que según reportes periodísticos logró recaudar unos 100 mil dólares para su causa. Paul es coautor de al menos dos iniciativas para apoyar el desarrollo de la industria. Una de ellas busca que las regulaciones federales en torno a la marihuana no apliquen a los estados en los que la producción, venta, distribución y consumo de la planta es legal. La iniciativa busca también que la cannabis sea removida de la categoría I en la Lista de Sustancias Controladas para que la industria pueda tener acceso al sistema bancario.
El otro proyecto de ley, conocida como Marijuana Businesses Access to Banking Act y apoyada por un grupo bipartidista de senadores, intenta proteger a las instituciones que proveen servicios financieros a los empresarios de la cannabis.
El coqueteo con los políticos ocurre a todo nivel e incluye tanto a republicanos como a demócratas o independientes. No es extraño que congresistas o senadores sean invitados a las reuniones de la industria y expresen ahí su compromiso con el desarrollo y expansión de la misma. El más prominente de ellos es quizá el representante republicano de California, Dana Rohrabacher, quien fue asistente especial del presidente Ronald Reagan y pieza clave en la doctrina que combatió el comunismo y los movimientos izquierdistas de los ochenta. “No podemos seguir diciéndole a la gente qué se puede llevar a la boca. Este país es de libertades”, dijo el congresista a cientos de asistentes a la Convención Nacional de Cannabis en julio de 2015.
Rohrabacher —a quien el periódico en línea San Francisco Gate identifica como la mente detrás de la propuesta 187 que limitaba los derechos de los inmigrantes— sostiene que la guerra de 45 años contra las drogas sólo ha contribuido a criminalizar a las minorías —negros e hispanos principalmente— y ha significado una erogación millonaria en recursos del estado para perseguir a consumidores.
El congresista, el primer republicano en expresar su apoyo total a la legalización de la marihuana, fue el principal impulsor de la iniciativa Respect State Marijuana Laws Act, que protege a los pacientes que usan cannabis de ser acosados por las instituciones federales y prohíbe que éstas utilicen recursos para perseguir a pacientes o a sus proveedores. La iniciativa fue aprobada en junio de 2015. En varias de sus apariciones públicas el congresista ha asegurado que si Ronald Reagan aún viviera, sus simpatías estarían del lado de la legalización de la marihuana. “Estaría del lado de la libertad”, le dijo Rohrabacher a SFGate.
Junto con Rohrabacher, el representante demócrata por Colorado, Earl Blumenauer, introdujo la iniciativa Veterans Equal Access Act, que podría autorizar el uso de marihuana medicinal para tratar a los veteranos de guerra, principalmente a los que sufren estrés postraumático y dolor severo.
Mucha estrategia política además de dinero corre por los pasillos del poder en Washington para impulsar iniciativas en favor de la industria.
La Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis (NICA), que representa a cerca de un millar de empresarios de la marihuana, tiene un cabildero de tiempo completo en el Capitolio y además se asoció con dos poderosas firmas en Washington DC —Heather Podeta + Partners y Jochum Shore & Trovessin PC— para magnificar los esfuerzos que resuelvan los dos principales problemas de la industria: acceso a servicios bancarios e impuestos justos a nivel federal.
La Drug Policy Alliance, organización nacional que promueve una política de drogas basada en la ciencia, la salud y los derechos humanos, ha invertido más de 3.5 millones de dólares en cabildeo para poner fin a la guerra contra las drogas. Sólo en 2013 destinó medio millón para cabildear varias iniciativas en el Congreso que protegen a los usuarios de mariguana y a los estados en que ésta es legal. En la mesa directiva de esta organización destaca el nombre del multimillonario George Soros.
En un tema tan controversial como la marihuana, también hay esfuerzos enfocados a prevenir su completa legalización. El Center for Responsive Politics ha identificado algunas ramas de la industria del alcohol, como los distribuidores de cerveza y bebidas de California, que en 2010 aportaron 10 mil dólares a Public Safety First, un grupo contrario a la propuesta que intentaba legalizar actividades relacionadas con la marihuana en el estado. Tradicionalmente la industria del alcohol ha sido muy activa en términos de cabildeo y contribuciones económicas a políticos, pero no ha tenido un pronunciamiento abierto o agresivo frente a la legalización de la planta.
Otros grupos de interés en contra son los sindicatos de policía y las corporaciones privadas que manejan las prisiones. Ambos grupos perderían recursos federales si la tendencia a legalizar la marihuana se mantiene. De acuerdo con el CRP, la Corporación de Correccionales de América (CCA), que maneja 67 correccionales en 19 estados y es una de las compañías más grandes de manejo de prisiones de Estados Unidos, admitió que mantener la guerra contra las drogas es esencial para el éxito de su negocio. “Cualquier cambio con respecto a drogas, sustancias controladas e inmigración podría afectar el número de personas arrestadas, convictas y sentenciadas, reduciendo potencialmente la demanda de instalaciones correccionales para albergarlos”.
Desde una perspectiva más amplia, el monto de recursos que la industria ha invertido en cabildeo no es extraordinario, sobre todo si se compara con las industrias petrolera o de gas natural, que sólo en 2013 invirtieron más de 64 millones de dólares en esa actividad. Sin embargo, es previsible que el monto crezca en la medida en que se vayan resolviendo los problemas actuales y las grandes corporaciones farmacéuticas y del tabaco decidan entrar al negocio.
Beto O’Rourke, un congresista demócrata por Texas que apoya varias iniciativas en favor de la industria, cree que eso pasará cuando la marihuana sea totalmente legal a nivel federal y las reglas de operación sean claras y eliminen los riesgos actuales.
¿Cuándo sucederá eso?
Es difícil saberlo. Lo más probable, dice O’Rourke, es que antes de hacerlo a nivel federal, la marihuana se irá legalizando estado por estado. En las elecciones de 2016, por ejemplo, Arkansas, California, Maine, Nevada, Massachusetts, entre otros, someterán a votación iniciativas para legalizar la marihuana en una u otra forma.
Por ahora, el cabildeo y las iniciativas en el Congreso han ayudado a la industria a crecer en medio de un clima adverso, pero la solución total a sus problemas está aún lejos y se dará cuando la mariguana sea removida de la categoría I de la Lista de Sustancias Controladas y la Federación deje de combatirla con furor.
Para entonces, quizá el gran capital de la industria farmacéutica o del tabaco se declarará listo para abrazar a la cannabis. Ellas también querrán hacer negocios, no la guerra.