Monterrey, N. L.
El Congreso local citó para el próximo lunes al Subprocurador Anticorrupción del Estado, Ernesto Canales, a fin de que aclare su implicación en el supuesto fraude de 6 millones de dólares, en la capital del país, donde lo denunció penalmente en el 2012 Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, quien fuera presidente del Grupo Televisa.
La comparecencia la solicitó el diputado priísta, Héctor García, secundado de manera unánime por su bancada, legisladores de los demás partidos, incluido el PAN, e independientes, tras un editorial del caso que publicó el periodista capitalino, Raymundo Riva Palacio.
Según Riva Palacio, el subprocurador fue designado aquí Subprocurador Anticorrupción, mientras sigue el litigio en su contra a cargo de los representantes de Cusi, quienes lo acusan de haberse quedado con 6 millones de dólares que Televisa pagó a la viuda, para que se desistiera del 16.6 de las acciones del consorcio, en un juicio testamentario.
En aquella época, el imputado era representante legal de la viuda.
Al referirse al caso, el diputado García consideró urgente la comparecencia de Ernesto Canales “para que dé razón del supuesto fraude” y con base en su versión determinar si puede o no seguir al frente de la Subprocuraduría, encargada de investigar malos manejos de funcionarios públicos.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Arturo Salinas señaló que “ante los distintos cuestionamientos en contra de Ernesto Canales, aprobamos la comparecencia del Fiscal Anticorrupción para que esclarezca las denuncias en su contra”.
Añadió que “seguiremos impulsando la creación del Sistema Estatal Anticorrupción con un Fiscal Autónomo e incuestionable”.
Puntualizó que es inadmisible que el Fiscal Anticorrupción tenga ese tipo de antecedentes.
Mientras tanto, voceros del Gobierno de Nuevo León aseguraron que hasta la fecha las imputaciones contra el Subprocurador no han sido comprobadas, aunque aceptaron que la causa penal permanece abierta.
Destacaron que el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón tenía conocimiento del litigio, debido a que se anexó el mismo en el examen de confianza a Ernesto Canales.
Canales se encarga en Nuevo León de los procesos penales referentes a la gestión del ex gobernador priísta, Rodrigo Medina; imputaciones a exalcaldes y actuales servidores públicos.
El escándalo mediático surgió al momento en que el Subprocurador se alista a consignar decenas de expedientes del Caso Medina.