Cd. de México
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) aseguró que las cuotas que cobran las instituciones públicas de nivel superior a sus estudiantes no violan el principio de gratuidad de la educación.
En medio de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la validez del cobro, la ANUIES envió a los Ministros un documento en el que defiende la medida.
“La fijación de cuotas por la inscripción o reinscripción a estudios de educación superior que imparten las IES (instituciones de educación superior) no transgrede la gratuidad a que se refiere la fracción IV del artículo 3º (de la Constitución), ya que la responsabilidad del Estado, en el caso de la educación superior, se limita a promoverla y atenderla”, expuso en el documento.
Actualmente la Corte analiza diversos amparos interpuestos por alumnos de al menos tres universidades autónomas públicas.
Según la ANUIES, en los últimos tres años se han presentado 510 recursos. De éstos, al 90 por ciento de los promoventes se les otorgó la protección y amparo de la justicia federal; al 9.2 por ciento se les negó o se sobreseyeron y el 0.78 por ciento se encuentra en proceso de resolución.
Yolanda Legorreta Carranza, directora de asuntos jurídicos de la ANUIES, aseguró que los amparos se basan en el derecho humano a la educación y lo hacen extensivo a la gratuidad que se expresa en el artículo tercero de la Constitución, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que habla sobre la progresividad de la educación en el nivel de educación superior.
La Suprema Corte de Justicia, señaló, atrajo varios de estos amparos, sobre todo de Michoacán, que en su Constitución estableció en 2010 que la educación sería gratuita en todos sus niveles y la universidad recibió recursos para eso.
“Los estuvo recibiendo durante dos años y después dejó de recibirlos. El Consejo Universitario decidió someterlo a la comunidad universitaria para volver a cobrar las cuotas”, manifestó.
No obstante, dijo, lo que tiene que resolver la Corte es si la educación superior que ofrecen las universidades públicas autónomas es impartida por el Estado y por tanto es gratuita o no.
En caso de que los Ministros prohíban el cobro, según la ANUIES, se provocaría un enorme e irreversible daño en el patrimonio de las universidades, pues los recursos económicos que se generan por estos ingresos son aplicados al cumplimiento de sus funciones.
“En esta hipótesis, sería necesario un incremento emergente y con carácter permanente en el presupuesto público, federal y estatal asignado a las IES, a fin de compensar la pérdida económica que sufrirían al dejar de percibir las referidas cuotas”, señala el documento que envió la ANUIES a la Corte.