Un Juez de Control determinó ayer someter a proceso penal e internar en el Penal del Topo Chico a la ex directora de dicho reclusorio, Gregoria Salazar Robles, y al ex subcomisario penitenciario, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, por la reciente muerte allí de 49 reos en un motín.

Ambos se encontraban detenidos provisionalmente en la cárcel de la Secretaría de Seguridad de Monterrey, ante el riesgo de sufrir un atentado, pero tras el fallo solicitaron ser ingresados al Penal, al descartar riesgos y requerir mejores condiciones de reclusión.

Los acusados comparecieron durante 9 horas ante el Juez de la causa, ante quien negaron los cargos de homicidio calificado y abuso de autoridad, además de alegar que fueron violados sus derechos en este proceso.

Pese a ello, el juzgador consideró tener elementos suficientes para dejarlos presos en el Penal, donde a la medianoche del pasado 10 de febrero se originó un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de presos, con saldo de 49 muertos.

Así, fue validada la petición de vinculación a proceso que hizo un Ministerio Público de la Procuraduría estatal.

En las respectivas carpetas judiciales, el fiscal acusó a los ex servidores públicos de permitir en el reclusorio el autogobierno de la delincuencia y que los reos anduvieran fuera de sus celdas a toda hora, lo cual propició el motín por omisión.

Los imputados alegaron que habían notificado de las irregularidades a superiores de la anterior administración estatal y la actual, pero no les hicieron caso.

Por su parte, el abogado defensor del ex subcomisario penitenciario solicitó las comparecencias del comisario penitenciario, Juan Antonio Caballero, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Cuauhtémoc Antúnez.