En clara alusión al derroche de recursos que a caracterizado a la presente Administración Municipal que preside el alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa, en la que los beneficios de la ciudad en materia de educación, infraestructura, salud y programas sociales pasarán a segundo término anteponiendo los intereses personales y políticos como punto medular quedó aprobado el ejercicio fiscal para el 2018.

Una vez más en su afán desmedido por perpetuarse en el poder el Presidente Municipal apoyado por la mayoría de los síndicos y regidores a quienes tiene a sus pies, refuerza los rubros que a su conveniencia considera que le van a redituar ganancias (sufragios) de cara a las elecciones del 2018, en las que dependiendo el panorama se lanzará en pos de la reelección o tratará de imponer al que mejor le convenga a sus intereses.

Aun y cuando la ciudad se encuentra sumida en lodo y fango por el mal estado de las calles y avenidas de la ciudad, amén de zanjas y fugas de agua y drenaje que terminan por deteriorar las de por si arterias en mal estado, motivo por el cual priva el descontento y desánimo ciudadano, mientras el Alcalde se dedica a hacer vídeos y carnitas asadas en busca de su anhelada reelección.

Mientras la ciudadanía se pregunta sobre el “arreglo” de las calles:

A quién o quienes invitaron a concursar por las obras a realizar.

Nombre o nombres de las constructoras encargadas de rehabilitar las arterias de la ciudad.

Cuantas calles y metros son los que se van a pavimentar, costos y calizas de materiales.

El tiempo de duración de cada una de ellas, porque pareciera que no le va alcanzar el tiempo que le queda como presidente municipal para concluirlas y de ser así ¿cuando?, ponerle fecha.

Por otra parte dado el escandaloso manejo y despilfarro de recursos en donde él y su séquito de incondicionales son los más beneficiados, en lugar de aplicarlo en programas sociales que beneficien en forma directa a los ciudadanos se ocupa de abultar la nómina incrementando el número de empleados y “aviadores”, en el que ni siquiera han podido proporcionar los nombres a los regidores, mismos que están demandando claridad en el manejo de los recursos de la nómina actual, que un empleado de tesorería les quedó de proporcionar, amén de que se haya subido el último trimestre en la página de transparencia.

DEMANDAN TRANSPARENCIA

“Nosotros desde el primer momento hemos querido y estamos demandando que las cosas se lleven como debe ser, pero siempre nos salen con trabas y evasivas en las que son sus principales cómplices y comparsas los síndicos y regidores, y ahora como quien dice aprobado por la mayoría nos pretenden aplicar la “ley mordaza”, implementando un Código de Ética y conducta con la que buscan sancionar y acallar la voz del pueblo a la que nos debemos mediante una serie de candados”, afirmaron a este medio de comunicación los regidores Claudia Chapa Martínez y Fernando Gómez Gómez.

Por ejemplo en compensaciones se disparó casi al doble de 6 millones 500 mil a 10 millones 926 mil pesos, pero no explican a quienes les será destinado, sí hay directores que siguen quedando fuera, mientras que en rubro de prima dominical de vacaciones y fin de año pasó de 4 millones 500 mil a 8 millones 142 mil pesos”, explicó la regidora Claudia Chapa.

Apuntan que en cambio en apoyo a la educación en cuanto a becas municipales y otras ayudas para programas de capacitación que fue de 1 millón 500 mil pesos y que al menos en becas no se aplicó, se redujo a un millón de pesos.

En cambio en el rubro de remuneración al personal de carácter permanente (dieta) que no viene siendo otra cosa más que la caja chica se ejercerán 9 millones 950 mil pesos, cuyos recursos quedaron en poder para su autorización por el segundo síndico Raúl López incondicional y fiel testaferro del alcalde.

EN NÚMEROS

CALLAN BOCAS

Resulta que el plan Municipal de Desarrollo de Río Bravo tiene varias vertientes que buscan según el crecimiento ordenado de la ciudad, y elementos que van en búsqueda de la mejora de los servicios en beneficio de los ciudadanos, entre ellas que cada una de las actividades de los funcionarios y empleados de cada área se desarrollen de manera correcta en la que se pretende implementar el Código de Ética, que no es otra cosa, más que principios y valores para el comportamiento. Y es ahí donde pretenden aplicar el código de conducta “ley mordaza” en donde claramente se busca acallar a quienes no estén de acuerdo o en contra.

ARTÍCULO 63.- Todos los servidores públicos tienen la obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con el cargo, la función o comisión que realicen, pues según ellos el secreto profesional salvaguarda los derechos y la seguridad de la Administración Pública.

ARTÍCULO 64.- El servidor público titular de una dependencia debe procurar que el personal a su cargo, auxiliar o empleado de la oficina de que se trate, cumpla con el secreto profesional en torno a la información vinculada con sus funciones, esto de acuerdo a la delicadeza de la misma, pero que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se negará la misma siempre y cuando sea solicitada por los medios legales conducentes.

ARTÍCULO 65.- Los servidores públicos tienen el deber de garantizar la confidencialidad, certeza, y existencia de todos los documentos internos que sean parte de algún empleo, cargo o comisión.

ARTÍCULO 66.- El deber reserva de documentos y secretos profesionales que pesa sobre el servidor público, lo es con el objetivo de que en caso de que el gobernado o cualquier otra institución gubernamental estatal soliciten información, les sea proporcionada en la medida en que las leyes aplicables al hecho lo permitan.

ARTÍCULO 67.- El servidor público debe comportarse, en relación con los medios de comunicación social, de manera reservada y prudente, y cuidar específicamente de no divulgar información que no le sea permitida o de la considerada sensible por la ley de transparencia del Estado de Tamaulipas.