CIUDAD DE MÉXICO.
En días pasados, el abogado de Joaquín Guzmán Loera afirmó que en caso de que la defensa del narcotraficante mexicano en Estados Unidos “lograra un acuerdo” con las autoridades de aquel país, entonces El Chapo desistiría de los amparos contra la extradición ya tramitados o por interponer ante la justicia mexicana. Sin embargo, fuentes oficiales de EU niegan que la justicia de su país esté realizando ninguna negociación adelantada al proceso de extradición, por una sencilla razón: es legalmente imposible.
El famoso plea bargain (reducción de condenas a cambio de información confiable y útil) sólo puede solicitarse por parte de la defensa cuando la extradición ya se ha llevado a cabo y el acusado se ha declarado culpable: no antes. Sólo así ha sido posible que varios narcotraficantes mexicanos y colombianos extraditados hayan logrado ver sus condenas reducidas en Estados Unidos.
La negociación sólo procede cuando la información que los sentenciados proporcionan a la justicia norteamericana pasa por un extenso proceso de verificación y resulta no solamente cierta, sino además útil para las futuras investigaciones de las diversas agencias estadunidenses (la DEA, el Departamento de Estado, el FBI, etc).
Para ellos, la utilidad de una extradición radica no sólo en la sentencia y el castigo de los criminales que tienen cuentas pendientes con la justicia de los distintos estados de la Unión Americana, sino por la aportación de novedades a los expedientes elaborados por los órganos de inteligencia encargados de desmantelar a los cárteles dentro y fuera de su país, así como, evidentemente, interrumpir sus operaciones.
Las mismas fuentes oficiales de Estados Unidos afirman que toda la información falsa, los “chismes” y la “paja”, o los datos viejos y caducos que los sentenciados generalmente ofrecen buscando negociar ante las autoridades estadunidenses, en realidad no le reportan ningún beneficio a los inculpados.
La información imposible de probar o demasiado añeja (y por lo tanto inservible) no son una moneda de cambio aceptable para quienes juzgan a los extraditados.
Por ello, los abogados estadunidenses siempre aconsejan a sus clientes que se declaren culpables por los cargos que las cortes les imputan, y que compartan únicamente información fidedigna. Porque de otra forma, a la defensa le resulta imposible obtener los beneficios del plea bargain, es decir, la negociación.
Ése fue el caso de los hermanos Benjamín y Eduardo Arellano Félix, o el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, quienes sólo pudieron ver sus condenas reducidas tras admitir su culpabilidad y cooperar con las autoridades, proveyéndoles de información útil, además de exhibir buena conducta durante su reclusión.
En contraste, José Antonio Acosta Hernández, El Diego, líder de La Línea, se declaró culpable, pero no logró negociación alguna y está condenado a 11 cadenas perpetuas.
Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, y Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, (ambos del Cártel de los Beltrán Leyva) también admitieron su culpabilidad en los cargos que les imputan las cortes estadunidenses, pero ambos siguen esperando sentencia.
Las fuentes estadunidenses afirman que éste es el mejor momento en las labores compartidas de inteligencia y colaboración entre México y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado.
Prueba de ello es el número récord de extradiciones que se han logrado en lo que va de este año: veintinueve en total, lo que significa un 107 por ciento de crecimiento respecto a años antieriores gracias a la labor que realiza actualmente en México la Procuraduría General de la República (PGR) en el armado de expedientes con fines de extradición.
En el caso particular del proceso de Joaquín Guzmán, aseguran que las autoridades en Estados Unidos siguen atentas al proceso de 30 días establecido por PGR y Cancillería mexicana para que el acusado presente (si decide hacerlo) sus amparos y, en su caso, la dictaminación del juez.
Su deseo es que la extradición se concrete y, entonces sí, conocer de toda la información que El Chapo tenga para ofrecerles. Y es que, seguramente, poca no será.
Procedimiento
De acuerdo con fuentes estadunidenses, la utilidad de una extradición radica no sólo en la sentencia y el castigo de los criminales que tienen cuentas pendientes con la justicia de la Unión Americana, sino por la aportación de novedades a los expedientes elaborados por los órganos de inteligencia encargados de desmantelar a los cárteles dentro y fuera de su país, así como la interrupción de sus operaciones.