CIUDAD DE MÉXICO
La atomización del poder político debido a los cambios de partido en las administraciones federal, estatales y municipales es un factor que ha detonado la violencia en los últimos años, concluye el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).
En su diagnóstico “Una estrategia de seguridad pública”, presentado ayer, señala que esa circunstancia derivó en vacíos de poder que fueron aprovechados por el crimen.
“Desde la última administración priista del siglo 20, el poder político se fue hacia las entidades federativas y municipios con distintas filiaciones partidistas, lo que derivó en en vacíos de poder institucional que han sido aprovechados por la delincuencia organizada.
“No fue sólo el narcotráfico lo que trajo la violencia... el control, centralización y/o administración política de la corrupción también se atomizó... cada secretario, gobernador, alcalde, comandante, jefe o juez, administra su circunscripción territorial o sectorial”, agrega.
Prueba de ello, añade, es que en 2017 había 15 gobernadores que estaban presos o prófugos con denuncias de corrupción.
“A esto debe sumarse el incremento de poder de corrupción del crimen organizado”, indica el estudio, que enfoca 10 problemas en la estrategia contra la inseguridad.
Edna Jaime, experta en seguridad, indicó que en el país hay mucha política y pocas decisiones de Estado en esa materia.
“Eso explica los resultados que tenemos. Los distintos gobiernos han protegido a sus partidos y descobijado a otros, esa lógica política va a estar en cualquier político, no esperemos que los perales nos den manzanas”, criticó la directora de México Evalúa en la presentación del diagnóstico.
Jorge Tello Peón, ex director del Cisen, uno de los presentadores, indicó que la base de la seguridad está en el ciudadano, un factor olvidado por los gobiernos.
“No nos pueden extrañar las promesas de campaña que nos hacen los candidatos del tema de la seguridad, porque es un tema que nos preocupa a todos y todos sabemos del problema”, indicó.
El diagnóstico, presentado además por Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, y Luis Herrera Lasso, advierte que en el país el modelo policial único no ha funcionado, que se debe revisar la responsabilidad de las fuerzas armadas en la seguridad pública y que las inversiones millonarias en el tema no han dado resultados. Resalta, asimismo, la responsabilidad del Legislativo en la situación actual de violencia e inseguridad.
“No resulta temerario afirmar que no existe en los cuerpos legislativos, incluso en el ámbito federal, un historial de profesionalización y acumulación de experiencia en los temas de seguridad”, añade.
En la actualidad, indica, los delitos del fuero común y federal se ubican muy por encima de dónde estaban hace tres décadas.
“Ninguno de los gobiernos en este lapso ha salido airoso”, apunta.