Ciudad de México
Uno de los escoltas de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Abel Cruz Hermida o Abel Cruz Hermidia, había sido detenido en 2010 por posesión de armas y dinero en efectivo, revelan reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según la Procuraduría General de la República (PGR), Hermida Cruz fue recapturado el 6 de octubre de 2015, cuando Guzmán Loera logró escapar de un fallido operativo de la Armada en los municipios de Tamazula y Pueblo Nuevo, Durango.
Un informe de la Sedena indica que esta persona había sido detenida por el Ejército en Culiacán, Sinaloa, durante una serie de operativos contra el narcotráfico que se realizaron en julio de 2010, que derivaron en el aseguramiento de Hermida Cruz y siete presuntos responsables del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado emitido por la Operación Conjunta Culiacán-Navolato-Guamúchil-Mazatlán con fecha del 12 de julio de 2010, el presunto escolta del capo fue capturado por personal militar que realizaba labores de patrullaje en la colonia Siete Gotas de Culiacán, Sinaloa, cuando circulaba armado con siete acompañantes en la calle Laureles, entre las avenidas Justicia y Guadalupe.
Al momento de su captura, Abel Hermida Cruz y sus coacusados tenían cuatro pistolas de diferentes calibres y 71 mil pesos en efectivo y mil 683 dólares americanos, dinero del cual no lograron acreditar su legal procedencia. Las autoridades también aseguraron una camioneta Ram de lujo marca Chrysler, modelo 2010, la cual contaba con placas de Sinaloa.
Junto con Hermida Cruz, fueron apresados: Abraham Beltrán Aguirre, Filiberto Valenzuela López, Noé Iván Barraza Valenzuela y Candelario Martínez Martínez, cuyas edades oscilan entre los 18 y 36 años. El armamento que les fue incautado en ese momento fue una pistola calibre 45 milímetros, dos pistolas calibre 9 milímetros, una pistola calibre 38 milímetros súper, cuatro cargadores de diferentes calibres y 30 cartuchos útiles.
A pesar del reporte de Sedena, no existen constancias públicas de que la Procuraduría haya consignado a los presuntos responsables por los delitos de posesión o portación de armas de fuego.