Los exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvacaba, viven momentos decisivos. La cuenta regresiva está sobre el político matamorense porque hoy lunes decidirá la Corte italiana su extradición. En cambio, el destino del victorense aun es una incógnita.

La extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, mantiene en la incertidumbre a la clase política tamaulipeca. La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) no ha emitido la decisión a solicitud del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, la Cancillería tiene la obligación de decidir 20 días después de recibir la notificación del juez federal que revisó la solicitud a nivel jurídico.

En el expediente 1/2017, el juez federal Eucario Adame Pérez emitió su opinión jurídica no vinculatoria el martes 23 de enero. El posicionamiento judicial fue en contra del envío del político priista y, en cambio, aconsejó a la Federación pedir el expediente al gobierno estadounidense para juzgarlo en México.

A partir de ese día la decisión de extraditar a Hernández Flores recayó en el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. La dependencia tomará en cuenta la opinión de Adame Pérez, pero no será factor decisivo.

La expectativa por el fallo aumentó cuando el fiscalía anticorrupción de Tamaulipas, Javier Castro Ormaechea, dijo que la fecha perentoria era el domingo 25 de febrero. A la par, el gobierno tamaulipeco presentó dos quejas por la actuación de los jueces federales que llevan los casos del exgobernador.

La defensa del todavía priista aseguró, en entrevista telefónica, que hasta el 6 de marzo vencerá el tiempo para que el canciller Videgaray Caso acceda o niegue el envío del político acusado en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.

RESPONDE CANCILLERÍA

EL MAÑANA preguntó a la Cancillería por dicho caso. Por medio de la oficina de comunicación respondió: “Al ser un procedimiento personalísimo del señor Eugenio Hernández, esta Secretaria de Estado se encuentra impedida de ventilar los datos de su caso a la opinión pública, a efecto de no violentar el debido proceso. En el momento procesal oportuno y conforme a los plazos legales establecidos, se le notificará personalmente la resolución que se dicte al respecto”.

Consultado al respecto, el abogado penalista Gabriel Regino comentó que el plazo son 20 días hábiles y, agregó, el incumplimiento del tiempo establecido en la ley “desafortunadamente es una constante”.

La Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas reclama a Eugenio “N” y a su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra por ser presuntos responsables de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, lo anterior realizando contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.

El 11 de octubre la embajada de Estados Unidos en México envío la nota diplomática 17-3953, firmada por el ministro consejero William H. Duncan, para solicitar la captura del tamaulipeco a la SRE. Al día siguiente, la PGR recibió el oficio ASJ- 36286 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la (SRE).

La investigación norteamericana precisó que durante el mandato de Hernández Flores, Gómez Guerra ayudado por el empresario Guillermo Flores Cordero y más personas crearon empresas ‘fachada’ y abrieron cuentas bancarias en el Valle de Texas. Para ello, falsificaron documentos que entregaron a los bancos Inter National Bank y Lone Star Bank of Comerse.

“Una vez que las cuentas de los bancos estadounidenses se aperturaron y el dinero se envió a las cuentas de las empresas fantasmas, los coconspiradores recibieron sus pagos en cuentas bancarias particulares. Óscar Manuel Gómez Guerra tomó su parte y los fondos restantes fueron depositados en un cuenta nominada a nombre de coconspirador de la cual la investigación reveló estaba para el beneficio de Eugenio Javier Hernández Flores.”, informó el gobierno estadounidense.

Los testimonios indicaron que Óscar Manuel Gómez Guerra, casado con Elsa Hernández Flores, manejó las actividades ilícitas, compra de propiedades y cuentas bancarias, bajo las indicaciones del entonces mandatario tamaulipeco Hernández Flores. Ambos hombres son señalados por operar una red de empresas fantasma que lavaron 300 millones de pesos.

El político priista y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra son acusados de robar dinero público del gobierno de Tamaulipas, mediante contratos falsos para un banco de alimentos, compra de tecnología y otros medios ilegales.

EL CASO YARRINGTON

Este lunes, la Sexta Sección Penal de la Alta Corte de Justicia de Italia decidirá la extradición del exgobernador Tomás Yarrington a Estados Unidos. Los magistrados deliberarán sobre el recurso presentado tras la sentencia del Tribunal de Apelación de Florencia que lo declaró extraditable.

Yarrington se opuso a los pedidos de extradición que México y Estados Unidos presentaron en su contra por supuestos crímenes de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y fraude bancario.

Sobre el veredicto final de la Corte de Casación de Italia, el abogado defensor del tamaulipeco, Luca Marafiot, dijo que la decisión podría anular parte de la sentencia emitida el pasado 21 de septiembre.

"Lo más probable es que la Corte de Casación dictamine la anulación parcial de la sentencia favorable a la extradición de Yarrington, en relación solamente a algunas de las imputaciones presentadas en contra de mi asistido, y allí deberíamos ver que otros escenarios se abren", señaló en entrevista.

El matamorense, quien fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en Florencia, Italia, el 9 de abril de 2017. Durante los nueve meses ha estado preso en la cárcel de Solliccianoa. Su hijo Tomás lo ha visitado para conocer el estado de salud del político.

En caso de que el fallo sea a favor de la extradición, el Ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, determinará si el mexicano viaja a Estados Unidos o a México.

MÁS CARGOS

En México, el caso Yarrington no cesa. Ayer un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra él y dos probables cómplices, por el delito de lavado de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la detención derivada de la indagatoria por presuntamente ‘blanquear’ 12 millones 700 mil pesos y 450 mil dólares para compra tres inmuebles en México y Estados Unidos.

El juez séptimo de distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Juan Miguel Ortiz, libró la tercera orden de captura en México contra el exgobernador de Tamaulipas, quien está preso desde el 9 de abril de 2017 en la cárcel de Sollicciano.

El subsecretario de Egresos en la Administración de Yarrington, Alfredo Sandoval Musi y Miguel Alberto Treviño Guevara también son requeridos por la PGR en la misma causa penal federal. A ambos hombres se les considera prestanombres del exmandatario.

En el mismo caso, el juez séptimo de distrito negó la orden de aprehensión contra el vicepresidente de la Canaco de Matamoros, Napoleón Rodríguez de la Garza. Esta decisión fue argumentado con la prescripción de la acusación.

El diario Reforma detalló que Rodríguez de la Garza compró el departamento 1401 del edificio Bridgepoint, en la Calle 334 Padre Boulevard, en el sur de la Isla del Padre, en Texas, en 450 mil dólares en 1999.

Tres años después, Eduardo Rodríguez Berlanga, "La Conga", otro de los señalados como prestanombres de Yarrington, adquirió el rancho El Mirador, de 500 hectáreas, en San José de las Rusias, por 6 millones 7 mil pesos. Dos años después, pagó 6 millones de pesos por el rancho El Colmenar, de 100 hectáreas. Ambos en el municipio de Soto la Marina.

Yarrington tiene tres órdenes de aprehensión en su contra en México. En 2012 se pidió la detención por delitos contra la salud relacionado con presuntos vínulos con el Cártel del Golfo y los Zetas.

El año pasado fue instruida por un juez local de Tamaulipas, quien consideró sustentadas las imputaciones de peculado y lavado de dinero, por la venta ilegal a precios subvaluados de terrenos que eran patrimonio del Estado.

Además, la Corte Federal del Distrito Sur de Texas ordenó su captura por ocho cargos de delincuencia organizada, lavado, narcotráfico y fraude bancario.

La resolución de los casos tendrá repercusiones en el ambiente electoral tamaulipeco. El PRI está por definir candidatos a las alcaldías, si las extradiciones se concretan el PAN las tomará como un triunfos propios.

ARTÍCULOS. Lo que se establece en la Ley de Extradición Internacional.