Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El exgobernador Eugenio Hernández Flores fue excarcelado esta noche del martes del penal de Ciudad Victoria y llevado a un avión para ser trasladado al Cefereso de máxima seguridad en el Altiplano.
El exmandatario será ingresado en las próximas horas en el reclusorio donde están recluidos afamados capos del narcotráfico, incluso donde permaneció encarcelado Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’.
El exgobernador tamaulipeco se encontraba en prisión desde el 6 de octubre de 2017, cuando fue detenido por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Apenas el pasado viernes 28 de septiembre, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había presentad dos nuevas acusaciones contra el exgobernador priísta por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales en conjunto podrían alcanzar una pena de hasta 29 años de cárcel.
Los señalamientos están integrados en la carpeta procesal 0237/2018, entre los cuales destaca que existe una diferencia entre los ingresos que Hernández Flores obtuvo como servidor público y los de su patrimonio de casi 41 millones de pesos, cuyo origen no se pudo determinar.
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TRAYECTORIA Y HECHOS
Hernández Flores fue diputado federal por el V Distrito con sede en Ciudad Victoria del primero de septiembre del año 2000 al 31 de julio de 2001; del primero de enero de 2002 al 12 de julio de 2014 fue presidente municipal de Ciudad Victoria y del primero de enero de 2005 el 31 de diciembre de 2010 se desempeñó como gobernador del estado de Tamaulipas.
Durante esas gestiones, percibió ingresos de un millón 027 mil 715 pesos como diputado, un millón 104 mil 177.82 pesos como alcalde y once millones 104 mil 177 mil pesos con 72 centavos como gobernador del Estado.
Sin embargo a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado se presume que el imputado cuenta con un patrimonio de 54 millones 306 mil 469.85 pesos, es decir, 40 millones 977 mil 794.28 pesos no se encuentran justificados, por lo cual es causa de sospecha de que fueron adquiridos por hechos ilícitos relacionados con probables actos de corrupción dentro de la función pública.
Se especificó que la diferencia entre sus ingresos y el disponible detectado es lo que determinó el monto patrimonial injustificado.
(Información en desarrollo)