Cd. de México.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) señaló a Javier Duarte de haber dado órdenes para utilizar los programas sociales en favor del PRI durante los comicios estatales de 2013.
En su Informe Anual de Actividades 2016, la Fiscalía hace el señalamiento por una investigación que llevó a juicio 4 ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que presuntamente proporcionaron los padrones de beneficiarios de los programas a colaboradores de Duarte.
"El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dio instrucciones a múltiples funcionarios y servidores públicos del Estado, para utilizar de manera ilegal los padrones de beneficiarios de programas sociales de la Sedesol", afirma la Fepade.
El reporte no detalla si existe ya un mandato judicial o una investigación en curso en contra del ex mandatario estatal, derivado de estos hechos.
Por el momento, están procesados Ranulfo Márquez, ex delegado; Felipe Sosa Mora, subdirector de Área; César Augusto Perdomo, enlace de Atención Ciudadana, y Graciela Tejeda Martínez, enlace Operativo.
El caso en cuestión deriva de una denuncia que presentó el PAN en 2013, por la supuesta complicidad de funcionarios de la Sedesol y del Gobierno de Veracruz para utilizar programas sociales con fines partidistas durante la elección.
"Se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, en el que asistieron a diversas reuniones de trabajo partidistas, celebradas indistintamente, en la Casa de Cultura y en los Hoteles Fiesta Inn, Costa Inn, Rivoli y NH, en la ciudad de Boca de Río", señala la Fepade.
Agrega que los funcionarios de la Sedesol mantenían comunicación para la planeación de la campaña electoral del PRI y les proporcionaban y ponían a su disposición dichos programas e información sobre los padrones de beneficiarios de programas como Oportunidades.
También los padrones de candidatos a ser beneficiarios del programa social "65 y Más" o "Pensión para Adultos Mayores", con la finalidad de dar de alta y beneficiar con los mismos a ciudadanos que fueran afines al PRI.
"Con su actuar, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización los procesos electorales así como la equidad e igualdad de condiciones de la contienda electoral al condicionar la entrega de programas sociales a cambio del voto", apuntó.