La ausencia injustificada de la defensora particular de un profesionista acusado de violencia familiar generó la aplicación de una multa de 20 días de salario mínimo, equivalente a un mil 460 pesos y retraso por más de 45 minutos la audiencia que se celebró el pasado lunes a las 12:00 horas.

La abogada, Luz Adriana Aguillón Juárez, no asistió y no justificó su ausencia en la audiencia, por lo que el juez de inmediato aplicó la medida de apremio prevista en éstos casos.

Asimismo suspendió la audiencia por 15 minutos para dar tiempo que se avisaran al Instituto de Defensorías Públicas para que comisionaran a los abogados que habrían de asesorar al ingeniero Víctor Armando (N), contra quien formularon imputación los fiscales adscritos a una de las Unidades Generales de Investigación por delito de violencia intrafamiliar ejercida en contra de quien fue su cónyuge Amalia Lizeth (N).

Una vez que se le asignaron los abogados defensores públicos al imputado, el juez concedió un lapso de 30 minutos para que se entrevistaran con el ingeniero y al mismo tiempo se empaparan del caso. Una vez reanudada la audiencia los fiscales solicitaron la imputación y la imposición de medidas cautelares, con la finalidad de proteger a la mujer de la supuesta agresividad.

El profesionista impugnó la solicitud de la fiscalía argumentando que no había motivo, puesto que el interés superior de los menores, por cuanto a la convivencia con los padres sobresalía al interés personal de los protagonistas del caso.

El juez estuvo de acuerdo en ello y solo prohibió la convivencia entre la ofendida e imputado, pero dejó a salvo el derecho a la convivencia entre hermanos, de los tres menores hijos procreados durante el matrimonio para lo cual asignó un sitio especial para ello.