Los agentes ministeriales que se encargaron de la investigación y funcionarios de la PGJE que integraron la averiguación previa penal, así como los propios afectados de un millonario fraude perpetrado durante 4 años en una tienda de abarrotes de Nva. Cd. Guerrero, expresaron su inconformidad al estar en total desacuerdo con la resolución emitida recientemente por el Juzgado Penal de Primera Instancia en esta ciudad, en cuanto a la liberación del comerciante y presunto responsable Jesús Alfredo López Herrera, pues aseguran que todo el caso estaba tan bien armado y sustentado jurídicamente que hasta el propio titular estaba convencido, al igual que todo su personal, de que había suficientes elementos probatorios en contra del indiciado.
“Efectivamente, a Jesús López le salió la orden de aprehensión el 20 de abril y ese mismo día se cumplimentó por parte de nosotros e incluso el Juez Penal le fijó la fianza de 4.5 mdp equivalente al monto de lo defraudado, más otros 20 mil pesos de multa, pero ahora está esa situación contradictoria, en el sentido de que dentro del término constitucional que tienen ellos, que fue de 72 horas y que también se puede ampliar a 144, todavía dentro del término constitucional, que creo que también se aplicó en este caso, pues fue cuando se le dictó el alce, otorgando la libertad por supuesta falta de elementos”, confirmó un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado que pidió no sea revelada su identidad por temor a represalias.
Fuentes fidedignas consultadas revelaron que durante la tarde del 24 de abril, justo cuando ya se tenían integradas todas las pruebas suficientes en contra de Jesús López para poder decretarle el auto de la formal prisión, pues el juzgador ya se disponía a emitir dicha resolución, el relevante caso dio un giro de 180 grados, pues de un momento a otro se le dictó auto de libertad.
, lo cual resultó muy inesperado hasta para su propio personal, pues minutos antes, el Juez Penal habría recibido una llamada desde Cd. Victoria y enseguida, salió de su oficina para argumentar que no estaban acreditados los elementos del cuerpo de delito.
En ese sentido, hasta las mismas autoridades ministeriales como fiscales, secretarios y hasta los abogados que trabajaron arduamente durante meses para poder fincarle su responsabilidad al inculpado, ahora se encuentran muy confundidos por la decisión contradictoria de la máxima autoridad judicial en esta ciudad. (Cd. Miguel Alemán, Tam.)