Norma Salgado ya no llora, pero tiene la mirada extraviada mientras habla. Hace tres semanas perdió a su hija Samaí Márquez Salgado, de 25 años. Primero vivió durante horas la angustia de su desaparición y después el intolerable dolor de saber que había muerto a manos de su novio. Samaí llevaba dos meses embarazada y su pareja Rafael Portillo decidió que ni el niño ni ella debían vivir. La llevó a despoblado en la periferia de la ciudad de Puebla y allí, con unos cuantos tiros, puso fin a la historia. Ahora, la madre de Samaí reza por ella en una capilla del centro de una de las ciudades más conservadoras de México, pero no llora.
“Lo único que pido es Justicia, no quiero venganza, ni dinero, sólo eso: Justicia”, menciona Salgado al salir de misa. El caso de Samaí es el número 50 de los feminicidios documentados por la Fiscalía de Puebla en los últimos 14 meses y el quinto en el que la víctima estaba embarazada. Mientras algunas organizaciones civiles denuncian que los feminicidios han comenzado a abundar en esta región del país, las autoridades aseguran que no existe evidencia suficiente que sugiera que Puebla es una zona roja de los asesinatos contra mujeres.
Lo cierto es que las familias de las víctimas han insistido ante las autoridades sobre la urgencia de atender estos homicidios y castigar a los responsables. “En estos casos es tan doloroso que nadie se preocupa por pedirnos indemnización o reparación del daño, sino sobre todo Justicia y no impunidad”, explica Enrique José Flota Ocampo, fiscal de Derechos Humanos de Puebla. El 25 de febrero, cientos de personas protestaron en el Zócalo de la ciudad para denunciar la abundancia de los casos y exigir medidas para frenar estos crímenes.
Flota Ocampo reconoce que es un tema que ocupa a la Fiscalía, pero que su incidencia todavía no es alta. De los 50 feminicidios, señala, el 10% tienen como víctima a una mujer embarazada. Este tipo de crimen ha involucrado a parejas que debaten sobre su futura paternidad y que tras episodios de violencia terminan en homicidios de características violentas. Sin embargo, el fiscal apunta, las autoridades no tienen información concluyente de que la tendencia de feminicidios sea al alza. “No es posible determinar hasta ahora una constante o un patrón. El tiempo que lleva existiendo este delito todavía no permite definir pautas claras. Los casos todavía no son una constante ni por edad, ni por región, ni por el vínculo de las dos partes. No se puede afirmar que estemos ante una crisis incontrolable de feminicidios”, expone.
Las voces civiles no están de acuerdo. En 2015, la Fiscalía registró 37 feminicidios y sólo en los primeros dos meses de 2016 ha contado 13 casos más. “Las instituciones por omisión y guardar silencio son cómplices de estos feminicidios. Dan el mensaje de que esos hombres tienen la libertad de matar mujeres, la sociedad ya está cansada e indignada de esto”, comenta Gabriela Cortés, coordinadora de El Taller, una organización civil que ha revisado algunos de los casos de feminicidio en la región.
En el Congreso local, algunos legisladores han sugerido que el Gobierno de México ponga en marcha la alerta de género en Puebla, una medida para prevenir la violencia machista y desenlaces en feminicidios. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos señala que no hay datos suficientes para considerar a Puebla en las alertas de este tipo. La Fiscalía apunta a que no está en sus manos decidirlo y que de existir tampoco tendría impacto en la investigación de los casos. “La alerta de género no sirve para que los casos se investiguen más rápido y mejor. Se ha asociado la idea de que como no hay alerta de género, hay feminicidios y casos que no se han resuelto. La realidad no tiene que ver con eso. La Fiscalía con o sin alerta va a seguir haciendo exactamente lo mismo”, apunta Flota Ocampo.
El código penal de Puebla exige penas de entre 40 y 60 años para los responsables de feminicidio. La Fiscalía pide a los jueces hasta 70 años de prisión si la víctima se encontraba embarazada al momento del asesinato. Las características de los feminicidios en Puebla se han dibujado poco a poco, entre los rasgos más comunes están la saña, la extrema violencia y la exhibición pública. “El fenómeno apunta a la descomposición social, no a la simple prevención del delito”, dice el fiscal. Sin embargo, también se han observado casos en los que el responsable conoce bien la víctima y es el resultado de la violencia machista llevada al extremo. “El amor romántico está matando a las mujeres. Ni los celos, ni el control de la pareja son algo normal”, argumenta Cortés, la activista.