CIUDAD DE MÉXICO
En la audiencia por lavado de dinero al ex Gobernador Roberto Borge, el Ministerio Público solicitó que fuera llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 “CPS” Femenil, sin considerar que éste es únicamente para población femenil.
Por ello, el convoy federal que trasladó a Borge ingresó con el imputado a tal centro penitenciario, ubicado en la localidad de Michapa, en Coatlán del Río, en Morelos.
Las autoridades penitenciarias del Cefereso 16 permitieron el paso del convoy hasta la zona de revisión y ahí se les indicó que el penal era sólo para mujeres.
Finalmente, Borge fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en el Municipio de Ayala, también en Morelos, cuyo personal ya esperaba al ex Mandatario desde las 10:00 horas de hoy, no obstante, se quedó esperando ante el error de logística.
Tras el error, la PGR modificó incluso el comunicado en el que se detallaba el traslado del ex Mandatario. En el primero, enviado esta mañana, se leía: “Roberto “N” es trasladado al CEFERESO en el estado de Morelos”.
Durante el trayecto, las autoridades encargadas del traslado también cometieron un error en la ruta para tomar la salida a Cuernavaca. (Reforma)
En el más omanillos como coautora.
En la acusación fue salpicada Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge, quien compró propiedades, por lo que fue señalada como cómplice por los fiscales federales.
Borge deberá enfrentar la justicia de Quintana Roo, cuya Fiscalía lo acusa de cometer durante su gestión un quebranto patrimonial hacia el Estado por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos, delitos por los tiene órdenes de aprehensión vigentes.
Ese monto es el denunciado, pues en noviembre, el actual Gobernador de Quintana Roo aseguró que lo desviado por Borge asciende a los 10 mil millones de pesos.
La Fiscalía de Quintana Roo logró, de jueces del Estado, órdenes de aprehensión contra Borge por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública estatal.