El gobierno federal ordenó el despliegue de mil doscientos elementos de las fuerzas federales en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Guerrero y Nuevo Laredo, anunció ayer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.
Los dos municipios tamaulipecos más grandes son las sedes de las coordinaciones regionales para la construcción de la paz. La selección de las zonas, explicó la SSPC, se dio mediante la evaluación del número de homicidios durante diciembre 2018.
El presidente ordenó el despliegue de 10 mil 200 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar) y la Policía Federal (PF) en las 17 regiones más violentas del país.
Las coordinaciones elegidas son Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Celaya, Salamanca, Uriangato e Irapuato, Guanajuato; Tlajomulco, Guanajuato; Manzanillo, Colima; Chilpancingo, Guerrero; Monterrey, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; y Acapulco, Guerrero.
Durazo Montaño puntualizó que la atención se dará en aproximadamente 50 municipios y, agregó, los agentes federales que ya se encuentren en esas zonas continuarán para fortalecer la primera etapa de la estrategia.
Los integrantes de las policías militar, naval y federal, adelantó, no portarán armas largas, ni se instalarán retenes “adicionales”.
El mando operativo de estas acciones quedará en el Ejército y también acompañará el plan la Fiscalía General de la República.
Las acciones a implementar en cada coordinación incluyen, además del despliegue de fuerza, la oferta de programas integrales de desarrollo, el combate a la corrupción e impunidad y asignación de mayor dinero del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).
El funcionario enfatizó que se convocará a mesas para que representantes de las comisiones de derechos humanos, del sector privado, organizaciones sociales y académicos participen en la evaluación del plan, que será en dos semanas. Para ello, dijo, se replicará modelos como el de Tampico y la Laguna.
VICTORIA, FUERA
Ciudad Victoria se quedó fuera de la primera etapa de la estrategia de seguridad federal pese a que la capital tamaulipeca es el municipio con más homicidios dolosos en los cuatro años recientes.
La tendencia de asesinatos premeditados se disparó de 2015 a 2016, cuando en el primer año mencionado hubo 56 casos y para el siguiente periodo aumentó a 216 homicidios.
El informe delictivo municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en 2017 se registraron 229 muertes provocadas. Durante 2018 la Procuraduría General de Justicia reportó 242 denuncias por ataques mortales consumados
En los recientes cuatro años, es decir, de 2015 a 2018, la seguridad en Victoria se desplomó. La estadística oficial revela
743 homicidios dolosos en dicha localidad. La cantidad supera en 160 casos a Reynosa, 456 a Matamoros y 464 a Nuevo Laredo, ciudades donde también hay violencia.
Durante dos años Victoria ha permanecido en los primeros 20 puestos del listado de municipios violentos. El indicador, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., determina que la tasa es de 67.11 homicidios por cada 100 mil habitantes. El Mante aparece en el puesto 35 de la misma medición.
En el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia mortal en la capital de la entidad se incrementó. Fuentes de la Fiscalía aseguran que el 93.7 por ciento de los homicidios tienen las características de los ataques dirigidos contra personas, es decir, “ejecuciones”.
En la larga espiral de violencia en la capital se contabilizan los asesinatos de reos dentro del penal y custodios que terminaban de laborar en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes).
Además de una decena de asesinados en la vía pública. De los hechos ocurridos recientemente destacan los homicidios del juez de control del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (PJET), Abelardo Ibarra Torres, y la agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Ericka Dolores Granados Flores.