La ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, requiere de modificaciones para estar más actualizada y otorgar mejores herramientas para que los notarios puedan denunciar cualquier actividad ilícita de los grupos criminales.

La ley contra el lavado de dinero como se le conoce, entró en vigor en julio del 2013 lo que significa que ha operado durante cinco años, pero salió a destiempo ya que se publicó cuando iba a terminar la administración de Felipe Calderón, y se basó en prácticas de 10 años atrás porque no se había cumplido como país, pero ya no tiene los requerimientos adecuados y se necesita mejorar.

Recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), realizó un análisis a México, y en el mes de enero dio una calificación no satisfactoria y no fue la mejor para el país, todo originado por el marco legal que se tiene.

En su visita a Reynosa, José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C, comentó que el gremio del notariado es que el más ha cumplido en todos los requerimientos.

Explicó un ejemplo; que cuando una persona va a vender acciones de una empresa eso la ley no exige que se haga ante notario y si no se hace, no tenemos la oportunidad de reportar a la autoridad esas operaciones que pueden ser de actividades vulnerables y que pueden servir de base al crimen.

“Eso lo detecta GAFI y dice México está cojeando en este tema, permanentemente el Colegio Nacional ha insistido con el poder legislativo que haya una modificación, una adecuación de las normas mercantiles fundamentalmente para que los notarios tengan la facultad de intervenir en esas operaciones y reportar actitudes sospechosas a las autoridades”, dijo.

Comentó que existe una iniciativa del diputado Mario Delgado, que se presentó hace tres semanas en donde promueven la creación de una fiscalía especial de lavado de dinero, porque muchas veces la propia autoridad, la unidad de inteligencia financiera no tiene los elementos materiales o humanos para aplicar mejor la ley.

Ante los intereses de las diferentes bancadas y partidos políticos, algunos legisladores lo ven con un interés genuino y otros piensan que es tendenciosa.

“Hemos sugerido modificaciones, cambios sobre todo relacionados con el tema del uso del efectivo, hemos sugerido que todas se reporten, si una persona va a comprar algo en efectivo hay limites y les hemos indicado que en nuestra opinión sería deseable otro tipo de regulación y estamos trabajando en ello”, expresó.

INSEGURIDAD UNA REALIDAD

No es la misma realidad de todos los estados del país en el tema de inseguridad, ya que no es igual el riesgo que corre un notario en Tamaulipas, al que corre uno de Campeche, Chiapas o de la ciudad de México.

José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C, reconoció que desgraciadamente hay entidades que son especialmente sensibles como Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, donde se sufre una realidad distinta.

Señaló que la ley se aplica igual para todos pero hay que entender que en ciertas latitudes, es mucho mayor la presión, el riesgo del trabajo y los notarios tienen la facultad legal de que ante cualquier sospecha de una actividad vulnerable dejar de intervenir.

“Ya quiero pensar que un sujeto del crimen organizado y con una pistola en la cabeza de me diga, verdad que si vas a firmar, verdad que no vas a reportar, y créame que seguramente no voy a reportar ni avisar y por un principio elemental de integridad y seguridad”, expresó.

Actualmente hay 65 mil personas que hacen actividades vulnerables, arrendadores, blindadores, vendedores de joyas, corredores públicos y la unidad de vigilancia financiera no ha podido verificar al 1 por ciento de ese universo, por lo que es necesaria una verificación completa y por ello se requiere un mejor marco legal.