Por orden de un juez y al existir una demanda penal por parte del Gobierno, los agentes estatales acudieron al lugar donde apenas empezaban a levantar casas con láminas y madera.
El lugar es considerado un área protegida por parte de las autoridades, pero fue invadida por personas que en el momento de la incursión policiaca ya no estaban.
Son más de 10 hectáreas de la zona norte de la laguna las que se encuentran marcadas por lotes y que iban a ser habitadas.
El juez emitió la orden para que se liberara la zona, se restituyera al Estado y se desalojara quienes se encontraran en el lugar.