CIUDAD DE MÉXICO
Como facilitador del Pacto Global sobre Migración, el Gobierno de México debe atender las recomendaciones de la ONU para proteger los derechos de los migrantes en su territorio, aseguró Pablo Ceriani, vicepresidente del Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios.
El pasado 14 de septiembre, este Comité de Naciones Unidas emitió 30 recomendaciones al Estado mexicano, entre las cuales destaca investigar las masacres de migrantes en Tamaulipas y Nuevo León, poner fin a la práctica de las detención de la niñez no acompañada y garantizar el acceso a la justicia para las personas migrantes.
En rueda de prensa con organizaciones de la sociedad civil, Ceriani afirmó que a pesar de los retos, Naciones Unidas considera a México un aliado en la promoción de la Convención de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, tratado que por razones políticas, no han ratificado 146 Estados que equivalen a tres cuartas partes de la comunidad internacional.
Dijo que, dado que México es junto con Suiza cofacilitador del Pacto Global sobre Migración, el país debe atender las recomendaciones del Comité, entre las cuales se cuestiona la política de detención masiva de personas en situación irregular.
“México está en un lugar particularmente importante para demostrarle a la comunidad internacional que la migración es un desafío global, que estará por muchas décadas”, afirmó.
“Ojalá (México) pueda avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones y profundizar su legitimidad como promotor de los derechos en el plano internacional”.
Alejandra Nuño, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que al haber ratificado la Convención en 1999, está obligado a cumplirla.
“A un Estado nadie le pone una pistola en la frente para que ratifique un tratado, lo hace de manera soberana, es uno de los ejercicios más libres que puede hacer un país.
“En el caso de México y las personas migrantes, lo que esperamos es que sea congruente con la exigencia muy atinada que hace con nuestros nacionales en el exterior”, indicó.
Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración, recordó que cuando México ratificó la Convención, en 1999, lo hizo pensando en los millones de mexicanos en Estados Unidos y en el envío de remesas, no pensando en la protección de los migrantes en tránsito por México.
Fabienne Venet, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, señaló que tradicionalmente la respuesta de las autoridades no se traduce en resultados.
“El problema de fondo es que las cosas nunca pasan del papel, el Estado mexicano no tiene la mínima intención de cumplir”, lamentó.
PREOCUPA PRESUPUESTO
El presupuesto propuesto para la Unidad de Investigación de Delitos de Migrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) para 2018 es solo de un millón de pesos, acusó Alejandra Nuño.
Dijo que esto equivale al 0.0006 por ciento del presupuesto total de la PGR, y advirtió que el presupuesto tendría que ser de cuando menos 16 millones de pesos.
“Ésa es la prioridad que México le está dando a las investigaciones de migrantes que son víctimas en este país”, lamentó.