Diputados federales por el PRI y del Verde Ecologista, a través de un punto de acuerdo exhortan a los titulares del ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda, Economía y a la administración de Aduanas, a tomar medidas para la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá.
Entre los que suscribieron el acuerdo están los diputados Yahleel Abdala, Edgardo Melhen Salinas, Miguel Ángel González Salum, Esdras Romero Vega, entre otros: el punto de acuerdo fue presentado el 09 de diciembre del 2015.
El documento señala que la lista de precios estimados resulta contraria a derecho, toda vez que dichos precios estimados son establecidos en forma unilateral y en forma arbitraria, aún y cuando existe la prohibición de que nuestro país pueda adoptar restricciones o prohibiciones para su importación, como lo es instaurar cualesquier tipo de contribuciones.
A las empresas vendedoras de estos vehículos usados al emitir una factura y en ocasiones certificadas por el Estado mexicano para hacerlo, no se les respeta su precio de venta, imponiendo dicha Secretaría un valor a su criterio, más no así el comercial, trastocando el artículo 133 de la Constitución Mexicana, que concede el trato de Ley Suprema a los Tratados Internacionales a los que México sea parte.
Así como también se han visto afectadas familias de otras entidades federativas que cuentan con una gran cantidad de paisanos que trabajan en los EUA, y que apoyan a través de remesas a sus familias que viven en sus lugares de origen, y que aparte de sus remesas mensuales, periódicamente visitan su tierra trayendo otros beneficios a sus familiares.
Otro grupo de la población afectada por las regulaciones y restricciones ha sido la población que no tiene acceso a un ingreso familiar de más de 15 mil pesos mensuales, para poder aspirar a comprar a crédito un auto nuevo compacto en una distribuidora de autos.
Según estudios de la distribución del ingreso en México, un máximo de 30 por ciento de las familias mexicanas podrían adquirir un auto de agencia, además se estima que es muy difícil poder acceder a tener un vehículo automotor usado, y sólo 40 por ciento de las familias -que sus ingresos familiares al mes fluctúan de los 6 mil 500 pesos a los 12 mil 500 mensuales- podrían aspirar a tener un auto, siempre y cuando estos vehículos usados estén a precios accesibles.
Por eso consideran que hay que brindar seguridad y certeza a los términos pactados en el TLCAN y que sus beneficios además del sector trasnacional ensamblador y a sus distribuidores, deben estos de alcanzar al sector automotriz dedicado a la importación y reparación de vehículos fundamentalmente en la Región Frontera Norte, que son más de 250 mil personas y sus familias que dependen de esta actividad, así como más de los 20 millones de paisanos.