Ciudad de México
La sociedad no tolerará más los abusos de gobernadores, como los de Veracruz, Sonora, Chihuahua y Quintana Roo, por lo que es urgente fiscalizar los recursos transferidos a las entidades, señaló el sector patronal.
En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, advirtió que se han documentado desvíos escandalosos de recursos públicos a través de esquemas muy parecidos, con empresas ‘‘fantasma’’ creadas de exprofeso para recibir pagos provenientes de los contratos del gobierno estatal y se ha observado un mayor endeudamiento en muchas entidades.
‘‘Es urgente por lo tanto, fiscalizar esos recursos, dado que según lo reporta la Secretaría de Hacienda al cierre del tercer trimestre las Participaciones Federales que se entregan a las entidades federativas están en 8.6 por ciento por arriba de lo originalmente presupuestado, debido a que están vinculadas al incremento de los ingresos tributarios vía captación de impuestos que hemos pagado los ciudadanos’’, afirmó.
Detalló que el promedio de la deuda pública de las entidades respecto de sus Participaciones Federales creció de un 64.5 por ciento en 1994 a cerca de 84 por ciento en 2015.
‘‘La sociedad mexicana no tolerará más los abusos de gobernadores, como lo hemos visto en los cambios recientes de administraciones estatales en Veracruz, en Sonora, en Chihuahua y en Quintana Roo’’, externó.
ARRASTRAN ESTADOS OBSERVACIONES
Veracruz encabeza el grupo de los estados con mayor número de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero no es el único en este grupo.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, detalló que en número de irregularidades a éste le siguen Michoacán, Jalisco, el Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas.
‘‘(Son) los principales estados con irregularidades, no quiere decir que todos se lo hayan robado’’, mencionó tras su participación en el Seminario de Gobernanza para el Crecimiento Incluyente, organizado por la OCDE.
Añadió que Veracruz suma 54 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, las cuales son contra la administración estatal, no contra el gobernador saliente Javier Duarte.
‘‘Los responsables los determinará la Procuraduría y el tipo de delito igual lo hará la Procuraduría, no nosotros’’, expresó.
Dichas denuncias corresponden a las cuentas públicas de 2011 al 2014 y faltan de los 2 años siguientes.
‘‘No es nuestra función andar persiguiendo a la gente, sino ver que se gaste bien’’, enfatizó.
Al año la ASF realiza 8 mil observaciones.
EXIGEN RECOMPENSA POR EXMANDATARIOS
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecer recompensa por la captura de los exgobernadores priístas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados de diversos delitos y perseguidos por la justicia de Estados Unidos.
Los legisladores demandaron al procurador, el también priísta Raúl Cervantes, colaborar con las autoridades del vecino país, donde ambos exmandatarios enfrentan acusaciones de carácter penal.
En un punto de acuerdo registrado por la senadora panista Sandra García Guajardo, los legisladores incluso pidieron la comparecencia del funcionario federal para que explique el estado que guardan los procedimientos iniciados contra los exgobernadores.
De acuerdo con la legisladora, ambos son perseguidos por delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
‘‘Esperamos que el actual procurador dé muestra de profesionalismo, seriedad e imparcialidad al frente de la institución, que colabore con el país vecino’’, expresó.
‘‘Se requiere que la PGR no sea usada como instrumento político para favorecer o perjudicar a exgobernadores o funcionarios de ningún partido político y que actúe con imparcialidad’’.
La legisladora condenó que el gobierno mexicano haya hecho caso omiso al desfalco, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y demás delitos de los que son presuntos responsables Yarrington y Hernández.
García Guajardo pidió al titular de la PGR informar si las averiguaciones previas y los procedimientos para localizar a los exgobernadores tamaulipecos siguen en ejecución. ‘‘Que actúe de manera urgente y que dé clara muestra de que actuará con imparcialidad y transparencia al frente de la PGR’’, manifestó.
La senadora refirió que en Estados Unidos, Yarrington es acusado de aceptar millones de dólares en sobornos de cárteles del narcotráfico e invertir el dinero en bienes raíces en Texas.
A Hernández, detalló, se le han confiscado tres propiedades en McAllen con valor de 2 millones de dólares y una en Austin valuada en 2.3 millones, al igual que una cuenta bancaria a nombre de su cuñado Óscar Gómez por 30 millones de dólares.
(Agencia Reforma)