El fenómeno migratorio es una problemática con muchas aristas, con tonalidades, algunas de las cuales impactan negativamente en el ánimo de la población, en particular cuando no existe un control y seguimiento adecuado del tema.
En ese sentido, Federico Alanís Peña, dirigente en Reynosa de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), manifestó que en el tema de los migrantes extranjeros -centroamericanos principalmente-, así como el de los connacionales repatriados de Estados Unidos, se han generado situaciones que impactan negativamente en la comunidad, básicamente en cuestión de delitos del fuero común.
Comentó que del total de delitos de robo en sus distintas modalidades, principalmente el robo a negocios, el robo domiciliario y el asalto a peatones, como empresarios han detectado de manera extraoficial la participación en el 25 por ciento de los casos de personas que integran la población flotante de centroamericanos y repatriados que se quedan varados en la ciudad.
“En Reynosa hay un robo cada dos o tres horas en estos momentos, cuando no es un robo de vehículo, es un robo a negocio o de una casa habitación. Está grave la situación. Es un problema social muy agrande que nos están dejando en la frontera”, afirmó.
Como ejemplo destacó que muchos negocios de las colonias Rodríguez y Longoria, han sido saqueados en dos, tres o más ocasiones cada uno. “Yo por ejemplo, he sido víctima, mi empresa fue atracada; lo que nunca había pasado en 40 años”, recalcó.
Dijo que sin tasar por igual a todos los migrantes centroamericanos y connacionales repatriados, ya que la mayoría tiene buenas intensiones y su finalidad migratoria es el trabajo para mejorar sus condiciones de vida, no se puede decir lo mismo de un reducido porcentaje que se queda varado en la cuidad, a la deriva, y termina por delinquir.
Alanís Peña comentó que existen instituciones públicas, tanto federales, estatales y municipales que se encargan de atender el fenómeno migratorio respetando derechos, así como organismos comunitarios que se encargan de brindar albergue y ayuda asistencial.
Respecto a los albergues, dijo que existe la presunción de que los albergados entran y salen de las instalaciones sin control alguno, e incluso que se podría dar el caso de que algunos utilicen los albergues como refugios para evadir responsabilidades legales por actos antisociales que cometen en perjuicio de la comunidad.
Repuso que las autoridades competentes deberían de llevar un registro o inventario de quienes salen de los albergues y se establecen en la ciudad para determinar a que que se dedican.
Añadió: “Se debe buscar la manera que el gobierno cumpla con los impuestos que hemos pagado, que administre los recursos para dar un buen servicio, y la prioridad ahorita en la frontera, porque afecta el tejido social, en un porcentaje muy alto, es la inmigración”.
El dirigente señaló que además de constatar que los albergues lleven un buen control, con libros de entradas y salidas, las autoridades deben de aplicar un seguimiento a quienes se quedan definitivamente en la ciudad, luego de permanecer en los albergues.
“No se puede mantenerlos acuartelados en los albergues, pero si aplicar un buen control, porque si se dejan a la deriva los albergues pueden ser un semillero para delinquir. Es muy importante que se de seguimiento y que se actúe bien porque Reynosa está llena de robos; es cuestión de revisar las estadísticas”, apuntó.
Sostuvo que es una necesidad insoslayable que los albergues trabajen de manera impecable, controlados por las autoridades mediante el apoyo y seguimiento adecuado de cada repatriado que decida permanecer en la ciudad.
Explicó que contrario a los migrantes extranjeros que se les aplica la deportación, a los connacionales repatriados no se les puede exigir que abandonen la ciudad, porque este es su país y como mexicanos tiene derecho a permanecer donde lo decidan.
Sin embargo, destacó que si un connacional repatriado decide quedarse en la ciudad para trabajar, debe de recibir asistencia oficial en cuanto a capacitación y colocación laboral, para evitar que ante la falta de trabajo por ser foráneo caiga en la desesperación e incurra en actitudes delictivas.
“Se les debe apoyar como mexicanos repatriados, capacitarlos y buscarles trabajo, pero llevar un registro y seguimiento, no vaya a ser que mañana o pasado anden robando, pues corremos ese riesgo”, advirtió el líder empresarial.
Externó que muchos migrantes y repatriados que se quedan varados en la ciudad terminan como indigentes, drogadictos o “guachacoleros” (adictos a bebidas embriagantes), transformándose en personas antisociales.
Como ejemplo, señaló que algunos de ellos se reúnen frente al Albergue Guadalupano, ubicado en la colonia Aquiles Serdán, donde se drogan en la vía pública, dando una impresión pésima a propios y extraños, generando con su presencia un clima de temor entre muchos peatones que prefieren dar rodeos para evitar el área.
No obstante, dentro de ese grupo, conformado por 30 o más sujetos, también se encuentran personas trabajadoras que buscan empleo aunque sea temporal, quienes son buscados en ese lugar por residentes para que les realicen trabajos eventuales o jornales por día.
Por eso ese caso en particular debe ser atendido con un enfoque social, no persecutorio, sintetizó Alanís Peña.
“Es muy claro que aquí existen los migrantes centroamericanos, lo correcto sería que Estados Unidos y los consulados que allá operan los devuelvan a sus países, pues son de allá. Lo que está haciendo mal el gobierno de Estados Unidos es que los está mandando aquí, a la orilla del río”.
En cuanto a los mexicanos repatriados, dijo: “Perfecto, son bien recibidos, pero los tres niveles de gobierno, bien coordinados, deben de atender el problema ayudándolos a regresar a sus estados de origen o capacitándolos para que consigan el sustento de manera honesta. Todo es cuestión de bajar los recursos económicos, como los del banco Mundial por ejemplo”.
Subrayó que esto se debe aplicar ”con equilibrio, para saber que clase de gente es la que están regresando de Estados Unidos. Los deportados mexicanos tienen derechos como seres humanos, pero muchos se van a delinquir y entonces viene un problema social para Reynosa, y no nada más para Reynosa, sino para toda la frontera, como el problema que está pasando ahorita”.