Recibe Ettiene una ‘repasada’

Pide Ettiene haya ‘debido proceso’, y le reviran: ‘defiende lo indefendible’

Cd. Victoria, Tam.

El caso que se le sigue al exgobernador Eugenio Hernández Flores por el presunto delito de Peculado y Uso de Recursos Ilícitos llegó hasta la tribuna del Congreso del Estado en el punto de asuntos generales, luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Etienne Llano, hiciera un llamado para que se respete el debido proceso.

“Como grupo parlamentario exigimos que las autoridades se conduzcan en todo momento en absoluto respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución General de la República, y la regla del Debido Proceso, en particular la garantía constitucional contenida en el artículo 20 de Presunción de Inocencia”, declaró el diputado priísta.

Y agregó: “estaremos atentos a que los derechos en mención no le sean conculcados al ingeniero Eugenio Hernández Flores en modo alguno”.

En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Alberto García González, subió a la tribuna para hacer un llamado a su vez para no debatir expresiones políticas en dicho espacio, “sobre todo especular sobre un asunto cuya resolución no es competencia de este Poder Legislativo”.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN recordó que el exmandatario emanado por el Revolucionario Institucional está siendo investigado por el presunto apoderamiento de mil 600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira.

DA UNA RAPASADA

Hizo un recuento sobre los antecedentes del caso que datan desde la administración estatal del exgobernador Manuel Cavazos Lerma y la creación del fideicomiso para el Parque Industrial Nuevo Santander, con el cual se llevaron a cabo operaciones de venta de terrenos del patrimonio público estatal entre los cuales se encuentra el predio de mil 600 hectáreas en Altamira.

“Meses después mediante el decreto 411 expedido el 9 de diciembre del 98 se autorizó al Ejecutivo para ampliar el objeto y fines del fideicomiso para el desarrollo del parque industrial Nuevo Santander, dándose la potestad de poder adquirir nuevas superficies ubicadas en el estado de Tamaulipas para el cumplimiento de su objeto y fin”.

Recordó que el 21 de mayo de 2001 el también exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba promovió ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto para transferir al fideicomiso Nuevo Santander el inmueble de mil 600 hectáreas. “En el artículo segundo de referido decreto se establece que el predio cuya afectación se autorizó se destinaría para la realización de los fines propios del fideicomiso entre los que se encuentran la celebración de contratos relacionados con la enajenación y aprovechamiento de la superficie susceptible a explotación económica”.

Dijo que la enajenación del predio tuvo 17 votos a favor y 9 en contra, siendo estos de los diputados del PAN y del PRD los cuales señalaron los vicios existentes en el decreto de enajenación como lo era el valor de las mil 600 hectáreas; posteriormente este predio pasó por la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo SA de CV del empresario de la construcción Fernando Cano Martínez, presuntamente prestanombres de Tomás Yarrington.

Después pasó a la empresa GMC SA de CV de Altamira, del exsecretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado, presunto prestanombres de Eugenio Hernández, y “hoy a más de 15 años habemos quienes seguimos defendiendo el patrimonio de los tamaulipecos mientras otros como ayer siguen defendiendo lo indefendible”.

La presidenta de la mesa directiva, Ana Lidia Luévano de los Santos, había declarados agotados todos los puntos del día cuando el diputado Etienne Llano subió nuevamente a la tribuna para hacer uso del micrófono. “Yo quiero hacer una rectificación de hechos, a esta tribuna yo no vine a hacer un posicionamiento político, yo vine a hacer una petición de garantías constitucionales”, y destacó, “ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones cualquiera que sea el contenido”.

Finalmente el diputado priísta hizo hincapié en que sean respetadas las garantías constitucionales y el debido proceso del caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores.