México
Desde que Donald Trump ganó las elecciones, las solicitudes de asilo se han disparado en México. 5.241 migrantes han iniciado este trámite de noviembre de 2016 a marzo de este año, más del doble que en el mismo periodo de 2015 y 2016. Un incremento del 150%.
Cinthia Pérez, directora de vinculación institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, COMAR, decía este miércoles que “la perspectiva que puedan tener las personas frente a un cambio de política necesariamente impacta en la conciencia de todos”.
Pérez se refiere a la política migratoria que ha defendido Trump desde su irrupción en la campaña electoral de Estados Unidos. Y también a las decisiones que ha tomado desde que llegó a la Casa Blanca en enero: el aumento de efectivos de la patrulla fronteriza, la imposibilidad de que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen la resolución en libertad, el famoso muro en el límite con el país vecino... Si bien la cifra de deportaciones ha caído en los primeros meses del Gobierno de Trump, el temor a no alcanzar el objetivo estaría provocando un cambio en la ruta migratoria sur-norte.
La mayoría de solicitantes son migrantes centroamericanos, personas que salieron huyendo de la violencia en Honduras y El Salvador. En todo 2016, el 91,6% de las peticiones de asilo fueron, de hecho, de ciudadanos de estos dos países más Guatemala.
Paulo Martínez, de la organización Sin Fronteras, que trabaja con migrantes desde la Ciudad de México, explica que aunque el aumento es importante, “es una tendencia que empieza en 2013 y más a partir de 2015. El incremento”, dice, “ya se preveía el año pasado”.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, el número de solicitudes de asilo en México creció de 1.296 en 2013 a 8.781 en 2016.
El total de esos años fue de 15.638, de las que se aceptaron 4.561. Para este año, la predicción de la COMAR es que el número de peticiones ascienda a 22.000.
Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que funciona en Tapachula, en la frontera con Guatemala, dice que la demanda ha aumentado porque la situación no mejora en el triángulo norte de Centroamérica.
“El desplazamiento forzado es inevitable allá”, dice, “las salidas por el sur, hacia Nicaragua y Costa Rica, todavía no se ve como una solución. Y México se ha convertido cada vez más en una opción porque antes los caminos para solicitar asilo estaban bloqueados, pero ahora se están empezando a desatar”.
EN EL BUEN CAMINO
En un informe presentado en marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en México admitieron que la actitud del Gobierno ante los solicitantes de asilo ha mejorado. Acompañados de Acnur, la agencia de la ONU que apoya a los refugiados, la COMAR implementó un programa que autoriza la salida de los solicitantes de asilo de los centros de detención. Ya no tienen que esperar encerrados a que resuelvan su petición.
Sin embargo, el texto critica la discrecionalidad de los agentes de migración para decidir quién se queda y quién se va.
“No son aislados los casos”, lee el texto, “en que la COMAR reconoce que la persona solicitante ha sido víctima de amenazas y luego se le niega la solicitud (...) No hay un desarrollo argumentativo coherente congruente entre los hechos del caso, la información objetiva y las decisiones que se adoptan”.
TRAFICAN CON ELLOS
Las vejaciones a los inmigrantes durante su paso por México no cesan. Unos 19 centroamericanos que viajaban en un autobús rumbo a la frontera de México con Estados Unidos fueron secuestrados por policías municipales de Chiapa de Corzo, una localidad del sur del país.
Las autoridades estatales informaron que la red de tráfico de indocumentados se pudo detectar tras recibir diversas denuncias ciudadanas a través del Centro de Comando (C-4). Los policías estatales sorprendieron “en flagrancia” a los agentes locales cuando pretendían extorsionar a los inmigrantes.
El martes pasado, según informó la Secretaría de Seguridad de Chiapas, los policías detuvieron a un autobús de turismo y al detectar que había personas provenientes de Centroamérica que no portaban documentos para justificar su legal estancia en el país, los bajaron de la unidad y los escondieron en las patrullas policiales.
Unas 19 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la corporación donde fueron escondidas en un cuarto.
Entre los secuestrados había mujeres y niños que buscaban llegar a Estados Unidos. Los migrantes contaron que los policías les pidieron los nombres y números telefónicos de sus familiares en Guatemala, Honduras y El Salvador para pedir 3.000 pesos de rescate por cada uno (unos 157 dólares).
El fiscal del Estado, Raciel López Salazar, dijo que los policías son investigados por secuestro exprés, por el que podrían alcanzar una pena de 50 años de prisión.
Las indagatorias apuntan a que el secuestro fue organizado por el subdirector de la Policía municipal, Hernán Gómez Grajales, hermano del alcalde de Chiapa de Corzo (100.000 habitantes), un pueblo mágico del estado de Chiapas. Tras la detención de los agentes, unos 200 policías estatales tomaron el control del municipio.
Los policías se han convertido en la principal amenaza para los inmigrantes.
Un informe de la red de organizaciones defensoras de migrantes revela que la Policía Federal y la municipal son las más señaladas por participar en delitos en contra de las personas que buscan llegar a EE UU.
Los agentes policiales de todos los niveles les cobran cuotas para permitirles seguir su camino.
“Lo que más nos preocupa es que en el tráfico de personas hay autoridades implicadas que van escoltando los camiones”, dijo Carlos Bartolo, coordinador de la Casa de Migrante Hogar de la Misericordia en Chiapas durante la presentación del estudio en junio pasado.
El documento Migrantes en tránsito por México: rostro de la crisis humanitaria que se realizó con base en 30.000 entrevistas arrojó que durante 2015 unas 7.000 personas fueron “levantadas” durante su tránsito por México y se desconoce su paradero.
El colectivo de instituciones que participaron en el informe advirtieron que los principales delitos de los que son víctimas estas personas son el robo, la extorsión, el secuestro, la privación ilegal de la libertad y el homicidio.
Durante 2015 se presentó una reducción en los delitos atribuidos a la delincuencia organizada, al pasar de 1.257 registros en 2014 a 956 en 2015. Sin embargo resulta alarmante que se hayan incrementado los delitos atribuidos a las autoridades. “Estos presentaron un aumento al pasar de 467 en 2014 a 868 en 2015, incrementándose más del 180%”, se establece en el estudio.