Denuncian que en la agencia segunda de Ministerio Público están extorsionando a las víctimas de robo de vehículos, solicitándole dinero, tras cinco quejas ante Comité Ciudadano de Seguridad.
A las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado se presentó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana José de Jesús Sánchez a denunciar que una funcionaria de la fiscalía mencionada identificada como Edna Manríquez González, quien privó de la libertad a un ciudadano que acudió a denunciar el robo del vehículo, por lo que solicitan al Procurador de Justicia tome cartas en el asunto para destituir a esta servidora pública.
Resaltó que los hechos de la extorsión ocurrieron alrededor del medio día de anteayer cuando un ciudadano se presentó ea la agencia del Ministerio Público a denunciar el robo de su carro, entrevistándose con la secretaria Edna Manríquez González quien lo atendió, al momento de estar presentado la denuncia correspondiente esta funcionaria solicitó el arresto a unos agentes para la investigación y le expresó que obtener su libertad de nuevo tenía que pagar la cantidad de diez mil pesos, por lo que fue liberado hasta las 19:00 horas estando privado de su libertad por más de seis horas.
Agregó que ya son cinco quejas contra esta secretaria señlada como Edna, la cual usurpa funciones haciéndose pasar como Ministerio Público e intimidando a las víctimas de los robos de vehículo, quienes tras exponer la denuncia los acusa que se trata de un autorobo, encerrándolos en la oficina del Fiscal solicitándoles una fuerte cantidad de dinero para no ejercer presuntamente acción penal con ellos, amenazándolos diciéndoles que ella es la autoridad y tiene el respaldo del titular de la fiscalía Segunda.
José de Jesús Sánchez finalizó indicándole a la ciudadanía que evite ser extorsionado por algún funcionario de la Procuraduría General de Justicia los cuales no deben solicitar dinero a las personas que acudan a denunciar algún delito e invita que si fueron intimidados o extorsionados por algún secretario o Ministerio Público acudan a las oficinas de Consejo de Participación Ciudadana a denunciarlos para turnarlos a derechos Humanos.