Cd. Victoria, Tam.
Esdras Romero Vega, Moisés Balderas Castillo y Juan Silva Villanueva, líderes sindicales petroleros de Tamaulipas, son acusados de complicidad en el presunto desvío de recursos orquestado por el dirigente Carlos Romero Deschamps.
Obreros integrantes del grupo “Petroleros Activos en Evolución Por Un México Nuevo” ampliaron la denuncia contra la cúpula del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Los documentos apuntan a 12 funcionarios sindicales acusados de participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la denuncia de los sindicalizados el 18 de octubre de 2016. En dos años los denunciantes han aportado pruebas e integrado a más presuntos culpables.
El tampiqueño Carlos Romero Deschamps es el autor intelectual y ejecutor, asegura el movimiento de petroleros, de desviar 350 millones de dólares del sindicato. El dirigente es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Además, agregan, “desapareció” ingresos de la cláusula 251 bis de Contrato Colectivo de Trabajo firmado con Petróleos Mexicanos (Pemex).
De los tres inculpados tamaulipecos, Esdras Romero y Moisés Balderas gozan de fuero. El exsecretario general de la Sección 1 tiene protección hasta el 1 de diciembre por ser legislador federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Balderas Castillo, secretario general de la sección 36, tendrá fuero hasta el 1 de octubre de 2019, cuando deje la diputación local dada por el priismo.
El más vulnerable de ser citado o aprehendido es Juan Silva Villanueva, secretario general de la sección 3. El dirigente ha ocupado varios cargos en el ayuntamiento de Altamira durante 15 años. El político priista ha evadido la prisión en varios ocasiones, inclusive, en 2015 argumentó molestias médicas para no ser recluido. En 2016 varias empleadas de Pemex acusaron a Silva Villanueva de proteger a Óscar Gustavo Ferral Sánchez, comisionado de capacitación, quien ha agredido sexualmente a obreras desde 2013.
MÁS INCULPADOS
Hasta ahora, Rodolfo Pizarro Ponce, dirigente de la sección 33 en Tampico, no aparece en la lista de posibles cómplices. El hombre, quien es mano derecha de la exdiputada priista Ana María Herrera, es regidor en el Cabildo de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra. La agrupación sindical petrolera que representa solamente cuenta con aproximadamente 500 sindicalizados.
Los nuevos elementos probatorios relacionan a Romero Deschamps en diversos delitos con Ricardo Hernández García, de la sección 48 (Tabasco); Moisés Marín García, exsecretario de sección 47 (Campeche); Artemio de Jesús Enríquez, de la sección 38 (Oaxaca); Mario Carlock Villalobos, exsecretario de la sección 38 (Oaxaca); Ismael Melgarejo Vázquez, de la sección 22 (Veracruz); Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, de la sección 30 (Veracruz); y los líderes Andrés de la Rosa Hernández y Andrés de la Rosa Reyes.
En la denuncia también aparecen los hijos del líder: Paulina, José Roberto y Alejandro Romero Durán; su hermana Esther Romero Deschamps; su cuñada María Guadalupe Duran Limas; su nuera María Fernanda Ocejo Garrido; y los prestanombres Luis Eduardo Diez de Bonilla, Fernando Pacheco Martínez, imputándoles los delitos de delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El dirigente nacional de “Petroleros Activos en Evolución Por Un México Nuevo”, Arturo Flores Contreras, señaló que los hechos que se les imputan a hijos y dirigentes secciónales consisten en colusión permanente y reiterada para realizar malos manejos con el patrimonio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Parte de los documentos entregados detallan, mencionó Flores Contreras, la disposición indebida del dinero de cuotas sindicales y de contratos. Asimismo, afirman que el dinero obtenido por la venta de inmuebles propiedades del Sindicato fue desviado a las cuentas de familiares y amigos. El destino del dinero fue la compra de residencias, ranchos, yates, automotores de lujo y otros bienes.
La triangulación de los fondos también sirvió para evitar el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los vínculos de la cúpula sindical han llegado a tejer alianzas con miembros del crimen organizado en determinadas zonas del país.