CIUDAD DE MÉXICO
Las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) son fábricas de viejos pobres con aval del Estado, declaró el senador perredista Fernando Enrique Mayans Canabal en una reunión de trabajo de la comisión permanente del Congreso de la Unión con la Consar.
“Las Afores vienen siendo las fábricas de viejos pobres con aval del Estado”, manifestó Mayans ante Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
El legislador criticó prácticas de corrupción entre el personal de las Afores, las cuales dieron origen a la investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya que cuatro de las 11 Administradoras se pusieron de acuerdo para impedir traspasos de los trabajadores.
Mencionó que ponerse de acuerdo fue una práctica muy grave, que muestra una mafia que viola todas las normas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
“Creo que para cortar de tajo un acto que a todas luces es un acto de corrupción, no sólo se requería la multa sino una sanción adicional que pudiera cortar de raíz el problema evidente de corrupción en el sistema de Afore”, comentó.
“Imponiendo una multa por más de mil 100 millones de pesos a la cantidad de dinero que las Afores manejan, se me hace una limosna de multa”, subrayó.
Destacó que la situación muestra el síntoma de un problema aún más grave que es la incapacidad del SAR de pagar pensiones.
“¿Cuántos problemas ocultos suceden todos los días en la operación de fondos de pensiones? Por ejemplo, comisiones ocultas por intermediación con valores extranjeros.”, cuestionó.
“Es la tripa del meollo, nadie lo sabe, pero sí sabemos que nos están cobrando, que este negocio no lo están dando a conocer, ni lo que le llaman comisiones fantasmas”, añadió el legislador.
Mayans opinó que las personas que impidieron los traspasos de los trabajadores, cuyos nombres aparecen en la resolución de 600 páginas de la Cofece, debieran estar presos.
USAN DINERO DE TRABAJADORES
Las personas que impidieron los traspasos de los trabajadores, cuyos nombres aparecen en la resolución de 600 páginas de la Cofece, debieran estar presos, manifestó Enrique Mayans.