El gobierno mexicano sí apoya a los narcos

¦ Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán ‘El Chapo’.

–Primera parte–

No hubo inconveniente alguno. Aarón Dychter Poltolarek, un doctor en economía por la George Washington University, no vio inconveniente alguno en firmar el documento que estaba enfrente de él. Era el 5 de agosto de 1999 y en la comodidad de su despacho como subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estampó los finos trazos de su firma en la página 5 del documento. 

Adquirió así legalidad un permiso para prestar el servicio de transporte aéreo privado bajo la modalidad de servicio especializado de fumigación aérea. 

Dychter, un funcionario de cepa salinista, que antes había un integrante del círculo más cercano al titular de la Secretaría de Hacienda, dio así el primer paso para lo que vendría después. 

Pasaría algún tiempo para que la misma persona que se benefició con la firma del subsecretario de Transporte hiciera una nueva petición a la SCT, sólo que la solicitud ahora tenía un mayor alcance: pidió permiso para administrar, operar y explotar un aeródromo de servicio particular denominado campo Puerto Rico”, en Culiacán, Sinaloa. 

El aeródromo civil, desde el cual podrían despegar y aterrizar las aeronaves sin mayor trámite, se había construido con dimensiones estándar: longitud de 700 metros, ancho de 10 metros, superficie cubierta en su totalidad con asfalto. 

Con el visto bueno del director general de aeropuertos de la SCT, el aeródromo recibió las letras de identificación “CPK”, las cuales se emplearían en la radiocomunicación y los planes de vuelo de los aviones. 

Así que en ese mes de junio de 2005 el solicitante pudo operar oficialmente y sin problema el aeródromo Campo Puerto Rico. Cinco años después, en 2010, le renovaron el permiso que vencía en junio de 2015, aunque no se sabe si el permiso se extendió de nuevo.

La titular de ambos permisos se llama Rosario Niebla Cardoza. Y en sí el hecho no tendría nada de relevancia si no fuera por tres detalles, entre otros, que llaman la atención: 

• Estuvo casada durante dos décadas con Ismael ‘‘El Mayo’’ Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa desde 1970, en los años de mayor auge del grupo que domina el tráfico de drogas en México.

• Es madre de Vicente Zambada Niebla, preso en Estados Unidos en una cárcel de Chicago, y condenado a purgar una sentencia de XX años, luego de confesar su participación en las operaciones de tráfico de droga y lavado de dinero producto de esa actividad.

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Rosario Niebla desde 2007, junto con sus hijas e hijos, en la lista de personas que forman parte de la red de lavado y operación del Cártel de Sinaloa, e identificó a las empresas que encabeza (entre ellas la productora de leche Nueva Industria Ganadera de Culiacán) como parte de la estructura financiera para lavar el dinero producto de actividades del crimen organizado.  

Pero las autoridades del gobierno federal no consideraron que eso fuera importante. Le dieron esos permisos. Y aún más: le dieron dinero público.  

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No es que a la familia de ‘‘El Mayo’’ Zambada le faltara dinero, pero no le hicieron mala cara al dinero público que las autoridades le entregaron puntualmente durante siete años (2001 a 2008): el establo Puerto Rico recibió del gobierno federal, a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), un millón 650 mil pesos para la siembra de maíz blanco, pasto y sorgo forrajero.

Procampo fue creado a finales de 1993 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como un apoyo compensatorio a los productores nacionales ante la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Pero no ha sido la única concesión brindada a la exesposa de uno de los narcotraficantes más buscados en el país, también ha recibido apoyos en varias ocasiones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Sus hijas María Teresa, Midian Patricia, Modesta y Mónica del Rosario también han recibido apoyos de la Sagarpa. Vicente Zambada Niebla, hasta antes de ser detenido por fuerzas federales en 2009, también había recibido apoyos de Procampo.

No sólo eso. Una de sus empresas, llamada Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA, boletinada por las autoridades de Estados Unidos como una de las compañías que ayudan a lavar dinero del cártel sinaloense, recibió de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) una concesión para explotar aguas nacionales del subsuelo con fines industriales.

La concesión autorizó a la empresa de la familia Zambada extraer del río Culiacán 300 millones de litros anuales, de acuerdo con el título de concesión entregado el 10 de noviembre de 2005, del cual Emeequis obtuvo una copia mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.

La concesión, hasta donde permite saber la información obtenida, sigue vigente.

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Rosario Niebla ya era una mujer conocida por las autoridades cuando le concedieron el permiso para el aeródromo. De hecho, el gobierno federal ya conocía el rancho en el cual operaría la pista aérea. 

Había incluso una memoria fotográfica y un amplio expediente recabado ese caluroso 20 de junio del año 2000, cuando a bordo de ocho helicópteros y decenas de vehículos más de 100 soldados y agentes de la fiscalía antidrogas de la PGR tomaron el lugar por asalto e intentaron detener infructuosamente a ‘‘El Mayo’’. 

El mismo Ismael Cambada con quien se casó en noviembre de 1968 en un pueblo llamado Costa Rica, al sur de Culiacán, y a quien Rosario Niebla acompañó durante los años en que se construyó el imperio criminal más importante del país. Se divorciarían poco más de 20 años después, una vez que el cártel ya era una potencia e incluso daba cobijo en su estructura a uno de los hijos de ambos: Vicente Zambada Niebla.

Ese 20 de junio un acalorado y rubicundo Mariano Herrán Salvatti, el fiscal antidrogas de la época, recorría junto con el general Enrique Salgado, jefe de la tercera región militar, uno de los caminos que conducían al rancho ganadero Puerto Rico, el mismo al que unos cinco años después se concedería el permiso para operar el aeródromo.  

“Estamos aquí para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Ismael Zambada García, alias El Mayo”, dijo el fiscal antidrogas, quien llevaba una camisa de vestir verde y tenía la cabellera pelirroja alborotada por el ajetreo, a los reporteros en una improvisada conferencia de prensa que dio en el camino de terracería que conduce al establo Puerto Rico.

No quiso dar más detalles y no permitió que los medios de comunicación ingresaran al rancho ganadero. También impidió que Mónica Zambada, una de las hijas de ‘‘El Mayo’’, y el ombudsman estatal entraran a la propiedad. 

La búsqueda del narcotraficante también incluyó el rancho El Sauce y otras tres propiedades en Culiacán, que fueron aseguradas y se montó un cerco militar alrededor de éstas, según consta en los registros del diario Noroeste.

Una semana después, Rosario Niebla Cardoza denunció a través de un desplegado dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las autoridades federales irrumpieron violentamente en las instalaciones del establo lechero, ubicado en El Salado, y que una vez dentro incurrieron en hechos violatorios de los derechos humanos.

La mujer sostuvo que ingresaron camiones y helicópteros a su propiedad sin mostrar una orden de cateo, que cortaron la energía eléctrica de las instalaciones suspendiendo las actividades de ordeña, lo que causó un daño patrimonial a la empresa. 

“Atentaron contra la integridad física y moral de los trabajadores del establo, ya que los mantuvieron cerca de cinco horas tirados en el suelo, boca abajo y apuntándoles con las armas”, destacó en la publicación. Los trabajadores fueron despojados de sus radios de comunicación.

Días después, hizo publicar otro desplegado, dirigido ahora al entonces presidente Ernesto Zedillo, así como a los clientes y proveedores de la empresa lechera Nueva Industria Ganadera de Culiacán, en el que los mil 507 trabajadores de la empresa aseguraron desconocer a Ismael Zambada García.

“Damos fe que la persona a quien se conoce como El Mayo Zambada no ha sido visto en nuestras áreas de trabajo ni en las inmediaciones de las mismas durante el tiempo que tenemos trabajando en la empresa. Nos solidarizamos con la presidenta del Consejo de Administración de la empresa, la señora Rosario Niebla Cardoza y su respetable familia, para que por la vía jurídica continúen luchando para proteger nuestro trabajo”, se leía en la inserción pagada.

Niebla Cardoza reclamó que le fueran devueltas las propiedades asegurando que se había divorciado de Zambada, desde años atrás. 

Meses después, a la llegada de Vicente Fox al poder, el establo Puerto Rico, que produce la leche comercializa Santa Mónica, otra empresa de los Zambada, retomó sus actividades productivas que en ese entonces marchaban viento en popa.

La empresa jamás clausuró. Aunque decayeron sus ventas y su distribución de leche se vino abajo cuando llegaron nuevas marcas al mercado estatal, siguió operando y en el camino fue recibiendo subsidios federales y permisos gubernamentales para su operación.

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Era octubre de 2008 y Nora Ruvalcaba Gámez se armó de valor. La entonces diputada local del Congreso de Aguascalientes convocó a una conferencia de prensa para denunciar lo que había descubierto: el Procampo era un “cochinero”.

Luego de revisar el padrón del programa federal, la diputada perredista había encontrado lo que para entonces era una revelación: que familiares e integrantes de diversos cárteles de la droga en México habían sido beneficiados con dinero público.

En el listado que mostró la legisladora estaban Jesús, Ofelia y Aureliano, hermanos de Joaquín ‘‘El Chapo’’ Guzmán Loera, así como su suegro Inés Coronel Barreras –actualmente preso–, quienes desde 1995 recibían cada año, puntual, apoyos para sus cultivos.

“Procampo ha resultado ser un camuflaje perfecto para los grandes cultivadores de la droga en el país, en razón de que las primeras ramas genealógicas del narcotráfico se han multiplicado en los campos temporaleros regados con el dinero público”, afirmó entonces Ruvalcaba Gámez.

Días después, Gustavo Cárdenas, alto funcionario de la Sagarpa encargado del manejo de ese programa, dijo que se depuraría el padrón para evitar que los apoyos de Procampo llegaran a manos de narcotraficantes.

Nada pasó. Casi un año después, en agosto de 2009, otro legislador, ahora en Michoacán, denunció que Alfredo Beltrán Leyva y varios familiares de ‘‘El Chapo’’ Guzmán seguían en la lista.