Difieren Fiscal Anticorrupción

INFORMAN. Coordinadores legislativos en el Congreso local, entre ellos el panista Arturo Salinas (foto), precisaron los alcances de la nueva Fiscalía Anticorrupción.

Monterrey, N.L.

Coordinadores legislativos del PRI y PAN anunciaron ayer que diferirán la Fiscalía Anticorrupción autónoma hasta principios del 2017, tras cuestionarse que la nueva instancia investigadora, aprobada en la víspera por el Congreso local, frenaría las indagatorias sobre la gestión del exgobernador priísta, Rodrigo Medina.

El coordinador de los diputados del PRI, Marco González dijo que se aplicará una “disolución paulatina” de la actual Subprocuraduría Anticorrupción, a cargo de Ernesto Canales, para que este tenga el tiempo suficiente para proceder contra “los que los ciudadanos quieren ver en la cárcel (debido a corrupción)”.

 Agregó que los legisladores desean trabajar “de la mano” con el gobernador independiente, Jaime Rodríguez, para no afectar lo que esté investigando el subprocurador Canales. 

En tanto, el coordinador del PAN en el mismo Congreso, Arturo Salinas rechazó que la aprobación de la nueva Fiscalía Anticorrupción, aún antes de la regulación federal en esa materia, tenga como objetivo quitar del cargo a Canales.

También negó que la reforma a la Constitución local, que implica dicha Fiscalía, tenga vicios legales de origen y pueda ser combatida por cualquier abogado que defienda a exservidores públicos acusados de actos de corrupción.

 Insistió en que la creación del órgano de investigación, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, no tiene fines políticos.

 En la edición anterior, se publicó que grupos civiles, diputados y algunos medios arreciaron los señalamientos de presuntas irregularidades en la gestión del gobernador independiente, Jaime Rodríguez.

 Esto ocurrió al mismo tiempo en que el equipo legal de “El Bronco” alista consignaciones sobre la administración de su antecesor priísta, Rodrigo Medina. 

EVaDE PRESIDENTE DE TRIBUNAL RESPONDER A LOS ALCALDES

Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Arenas Bátiz fijó un plazo de 15 días para responder por escrito a los alcaldes metropolitanos que le dieron un ultimátum para que frene una nueva liberación masiva de reos, de los Penales estatales.

Arenas Bátiz evadió contestar al pronunciamiento de los munícipes, quienes lo urgieron a que presente iniciativas de ley que eviten la puesta en libertad de peligrosos delincuentes.

 También, el presidente del tribunal opinó de su eventual renuncia que plantearon los alcaldes panistas de San Pedro y San Nicolás, Mauricio Fernández y Víctor Fuentes, respectivamente.