El desolador panorama de la justicia en México

México

El panorama es desolador. Las conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Justicia presentadas este miércoles evidencian una crisis sin precedentes en México. Un diagnóstico alarmante que, como alerta el estudio, no se resolverá a corto plazo, pero cuya transformación debe ponerse en marcha de inmediato.

“Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis. La confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza”. Las primeras líneas de las conclusiones del informe presentado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) son demoledoras, pero “las dificultades no acaban aquí”, como alerta el estudio, que pone énfasis también en “importantes problemas en la conducción de las instituciones para la transición plena hacia el modelo acusatorio. De igual manera, se perciben problemas en la organización de las instituciones y en los métodos de trabajo que emplean”.

El estudio, encargado por la Procuraduría General de la República (PGR), la Cámara de Diputados y el Senado, es una bofetada de realidad para los poderes públicos y los partidos políticos, en un momento en que el país debate el futuro de una fiscalía general independiente del presidente, una institución inédita en México, un cambio de paradigma en el funcionamiento del sistema de justicia en México. En este sentido, el director general del CIDE, Sergio López Ayllón, advirtió que “se requiere una reforma integral de la Constitución, que mire no solo a la Fiscalía General, sino a la articulación de todas las instancias que participan en la procuración e impartición de justicia”.

La Consulta Nacional camina de la mano de los reclamos de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en torno a dos asociaciones -#FiscalíaQueSirva y #VamosporMás- que desde hace meses reclaman a los partidos políticos un debate a fondo sobre el nuevo sistema de procuración de justicia y la aprobación de la normativa sobre la nueva fiscalía general. A sabiendas de que esto es un primer paso, como también señala el estudio: “Los problemas no se pueden corregir en el corto plazo. Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Resulta ingenuo e irresponsable ofrecer resultados positivos en lo inmediato. Estamos frente a un proyecto que tomará años para su ejecución, que requiere de múltiples liderazgos y recursos suficientes, que debe explicitar sus objetivos, que está obligado a delinear su ruta de acción y fijar con claridad la forma en la que se evaluarán y rendirán cuenta de sus resultados”.

Los autores del informe, realizado entre mayo y agosto a partir de las recomendaciones de diversas organizaciones e instituciones, coinciden en la necesidad de lograr un acuerdo nacional que involucre “a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno” para llevar a buen puerto las recomendaciones. “No hay reforma estructural más importante”, aseguró la politóloga María Amparo Casar. “Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera de cerrar el sexenio. Para una oposición que busca llegar al poder sería la muestra de que están dispuestos a poner los intereses de los ciudadanos por encima de sus intereses electorales inmediatos”.

La realidad, no obstante, parece darse de bruces con el informe. La presentación del estudio se produce en un momento de enfrentamiento total entre el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los partidos de la oposición (PAN, PRD y Morena) en torno a Santiago Nieto, fiscal especializado en delitos electorales, destituido la pasada semana. Además, la renuncia del procurador Raúl Cervantes ha dejado descabezada la PGR, liderada de manera interina por un subprocurador.