Exigen investigaciones del motín en Penal de Monterrey

LIMPIEZA. En el interior del Penal del Topo Chico, los reos vuelven a sus actividades habituales ante la vigilancia de elementos de Fuerza Civil, después del motín de la semana pasada.

Monterrey, N. L.

La organización civil CADHAC exigió ayer que se agilice la investigación sobre más funcionarios estatales que pudieran resultar involucrados por el motín en el Penal del Topo Chico, donde 49 reos murieron la madrugada del pasado jueves.

Por su parte, el gobernador, Jaime Rodríguez, minimizó la filtración de mensajes de WhatsApp, entre el exsubcomisario penitenciario hoy detenido, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo y sus superiores en una alerta oportuna del motín, al parecer ignorada.

Rodríguez señaló que el hecho de que el abogado de Domínguez Jaramillo haya divulgado los mensajes enviados al comisario penitenciario, Antonio Caballero y al secretario de Seguridad estatal, general Cuauhtémoc Antúnez, no lo exime de responsabilidad.

El mandatario estatal reiteró que el exsubcomisario y la exdirectora del Penal, Gregoria Salazar Robles son hasta ahora los únicos servidores públicos detenidos por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

Sostuvo que será el juez de Control de la causa el que determine si hay más funcionarios implicados por omisión o complicidad, en la peor masacre en la historia penitenciaria de Nuevo León.

Recientemente, el procurador nuevoleonés, Roberto Flores afirmó en rueda de prensa que la indagatoria no ha concluido y están bajo investigación más servidores públicos.

Cabe mencionar, que esta misma semana será determinada la situación legal de los exfuncionarios penitenciarios, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo y Gregoria Salazar Robles.

El abogado de Domínguez Jaramillo fue el que filtró los mensajes, vía WhatsApp, que hizo este con su teléfono celular y los cuales presuntamente no fueron contestados oportunamente por los superiores, luego de surgir el motín.

Incluso, el defensor aseveró que los cateos realizados el pasado fin de semana en la oficina y el domicilio de su cliente tenían como objetivo hallar el teléfono en el que aparecían los mensajes. 

UNA ALERTA IGNORADA

A su vez, la representante del grupo civil regiomontano CADHAC, Liz Sánchez hizo un llamado al gobierno independiente de Nuevo León para que amplíe las pesquisas.

Subrayó que las autoridades deben explicar los motivos por los cuales enfrentaron el motín de manera tardía.

También, demandó que las autoridades aclaren porqué había cuatro hombres sin registro penitenciario, entre los internos muertos en el penal.

Subrayó que existe la presunción de que pudo haberse tratado de personas secuestradas y llevadas ilegalmente al viejo reclusorio.

Sánchez recordó asimismo el exhorto que hizo el pasado lunes el relator especial de la ONU, Juan E. Méndez, para una investigación imparcial y exhaustiva del caso.

Insistió la vocera en que Méndez, a nombre del organismo internacional, hizo desde el 2014 una alerta de las condiciones de corrupción y hacinamiento en el penal, la cual no fue atendida.

Refirió que el relator especial de la ONU visitó en el 2014 el reclusorio estatal, donde detectó serias irregularidades.

Pese a esto, comentó, la alerta la ignoraron en la pasada gestión del exgobernador priísta, Rodrigo Medina, y la actual del mandatario independiente, Jaime Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado mes de octubre.