Reprocha el GIEI omisiones de PGR

CORTINAS DE HUMO. Los especialistas del GIEI descartaron la versión de que los 43 estudiantes desaparecidos, fueron cremados en un basurero de Cocula.

Cd. de México

Al presentar su segundo informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso una serie de inconsistencias y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa y mantuvo su postura de que los 43 normalistas no fueron quemados en Cocula, Guerrero.

Los expertos desacreditaron el cuarto peritaje realizado por un grupo colegiado de especialistas en fuego sobre el basurero de Cocula, y cuya conclusión fue difundida por la PGR sin que les informara.

Francisco Cox detalló que el grupo colegiado entregó un informe de nueve páginas, de las cuales sólo cuatro responden a las preguntas planteadas y las demás son fotografías o datos de contexto.

Para el GIEI, el grupo colegiado de especialistas en fuego brindó respuestas a las que cualquier ciudadano común podría haber llegado con la simple observación del basurero.

“Es por todas estas razones que el GIEI concluye que no ha habido una sola evidencia para cambiar nuestras conclusiones del 6 de septiembre de que en el basurero de Cocula no se incendiaron a 43 estudiantes”, sentenció Cox, integrante del Grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El experto consideró también que el panel de especialistas se debió dedicar a tratar de comprobar si en las condiciones narradas por inculpados es posible incinerar a 43 personas, lo cual no hicieron, y sólo se limitaron a contestar que para responder esa pregunta deberían hacer una prueba con ese número de cuerpos.

“La pregunta es ¿y por qué no lo hicieron?”, soltó Cox.

Para el Grupo Interdisciplinario, en la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, se debe seguir ahondando en la línea de investigación del quinto autobús que transportaba droga.

Al presentar su informe final, antes de dejar México el 30 de abril, los integrantes explicaron que el 26 de septiembre de 2014 diversas corporaciones de seguridad generaron un cerco que impidió llevar a los heridos de Los Avispones al hospital, así como la salida de los normalistas.

Sin embargo, el quinto autobús sí libró los bloqueos, explicó Ángela Buitrago, otra integrante del GIEI.

En el informe no sólo reiteran que dudan que el vehículo que les fue presentado como el quinto autobús sea el mismo que los normalistas sacaron de la terminal de Iguala, sino que también sugieren que el chofer que les presentaron es una persona diferente.

Lo anterior basados en imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal de autobuses de Iguala y en el hecho de que cambió sustancialmente la declaración que la noche del 26 de septiembre escribió el chofer de puño y letra.

“No existió ninguna demostración diferente a los hechos plasmados en le informe anterior y, por el contrario, se engrosó la prueba para demostrar que los normalistas no fueron a boicotear un acto político, que no estaban infiltrados por el crimen organizado, que todos los desaparecidos de la normal eran estudiantes aceptados después de exigir un certificado judicial de no antecedentes.

“Que hubo más de 180 víctimas directas y más de 700 indirectas, que hubo un control cerrado, directo y permanente del movimiento de los estudiantes desde Chilpancingo hasta Iguala y por más de 10 horas”, reiteró Buitrago.

Durante su segundo mandato, el GIEI encontró más evidencia para asegurar que los estudiantes no fueron a boicotear ningún evento, no estaban infiltrados por el crimen organizado y que las Policías locales, la Federal y el Ejército monitorearon minuto a minuto el recorrido de los jóvenes.

Acusan dilación en pruebas

Claudia Paz acusó que la autoridad federal dilató el desahogo de distintas declaraciones necesarias para investigar la participación de funcionarios en la tragedia, al grado de que 65 de ellas fueron tomadas hace apenas una semana.

Indicó que la actitud de colaboración? del Gobierno federal cambió a partir de enero de este año, por lo que, hasta el pasado 15 de marzo, el 50 por ciento de las solicitudes del GIEI no había sido cumplido.

“Fue hasta la segunda semana de abril cuando se desahogaron muchas de las diligencias. En 5 días, ya sin nuestra presencia, se desahogaron 65 declaraciones, muchas de esas declaraciones las habíamos solicitado desde julio o agosto del año pasado.

“Desafortunadamente esta información ya no pudo ser analizada con la profundidad adecuada e incorporada al segundo informe. Nosotros lamentamos profundamente que no fue sino una semana antes del día de hoy que se diligenciara toda esta prueba”, manifestó Paz.

Además señaló que personal militar del 27 Batallón en Iguala no respondió a la solicitud de ayuda que directamente les hicieron en dichas instalaciones, mientras que la Policía Federal tuvo una labor displicente ante los hechos e incluso faltó a su obligación de prestar apoyo a los heridos.

La especialista lamentó que el Gobierno federal no hubiera permitido que entrevistaran a personal militar desplegado en Iguala el día de los hechos, pues quedaron preguntas en el aire como porqué no hicieron nada para proteger a los normalistas, y porqué fueron a la barandilla de Iguala a preguntar por la motocicleta que un elemento de inteligencia abandonó en una de las escenas, en vez de indagar qué pasó con los estudiantes.