Ciudad de México
El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que si se aprueba la iniciativa preferente del Ejecutivo para modificar la ley eléctrica en México, se corre el riesgo de que se violen acuerdos internacionales y que el país deba pagar millones de dólares en reparación de daños a sus socios comerciales.
“El riesgo de que perdamos un panel le puede costar muchos millones de dólares al gobierno en reparación de daños. Aquí no estoy abogando por ningún contrato que esté fuera de los contextos legales que se haya hecho en función de canonjías o corrupción”, mencionó durante la segunda jornada del parlamento abierto sobre la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica.
Durante el evento, organizado por la Cámara Baja, Guajardo recordó las obligaciones del país para respetar las inversiones al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, entre otros.
Guajardo afirmó que es necesario fortalecer a los reguladores a fin de combatir los monopolios públicos y privados, y se dijo sorprendido por la ausencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el parlamento abierto.
“Ya vivimos la época de la rectoría absoluta en materia de electricidad durante muchos años, con gobiernos priistas y panistas. Eso no previno los abusos en el sector ni la contaminación generada por Pemex en Tabasco y Campeche”.
IMPACTO EN INVERSIONES
De aprobarse la reforma en sus términos, habría implicaciones para inversiones realizadas con recursos de las Afore en proyectos de generación del sector privado, así como a la banca de desarrollo, alertó el vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), Julio Valle.
El especialista enfatizó el impacto ambiental de la iniciativa, al regresar a producir energía más costosa y contaminante, así como por sus implicaciones en el marco legal, lo que llevaría a litigios tanto nacionales como en tribunales extranjeros. “Esta reforma tiene consideraciones jurídicas y ambientales que trascienden del plano nacional (…) Desde el punto de vista jurídico, las modificaciones propuestas tienen un primer impacto retroactivo y no siguen los preceptos de libre concurrencia y competencia”, dijo. (Universal)