CIUDAD DE MÉXICO
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, abrió otra consulta al pleno de ministros para analizar la procedencia de una controversia constitucional de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) que buscan suspender la aplicación de la reforma judicial por vicios en el proceso legislativo y su contenido.
La ministra Piña Hernández clasificó de urgente el asunto y lo turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración de un proyecto de sentencia que deberá someter a consideración del pleno del Máximo Tribunal.
“Se consulta al tribunal pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo, como de su contenido material”, señala el acuerdo publicado por la Secretaría General de Acuerdos de la Corte.
El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, exdirector de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para suspender en lo general y en lo particular el decreto de la reforma judicial publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Petición de medida precautoria, para suspender en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2024”, refiere la controversia tramitada por Muñoz Alvarado y un grupo de jueces federales.
A través de redes sociales, el magistrado Muñoz Alvarado señaló que recurrieron a la Corte porque la reforma judicial es “un acto que desmantela un poder constituido”.
Cabe destacar que el pleno de la Corte tiene pendiente de resolver dos consultas planteadas por la ministra Norma Lucía Piña Hernández para determinar si el Alto Tribunal tiene facultades para atraer y suspender la polémica reforma judicial, mismas que se asignaron a la ministra Lenia Batres Guadarrama, a fin de que formule un proyecto de sentencia para análisis y votación.