CIUDAD DE MÉXICO
La profunda caída de la economía mexicana que provocará el Covid-19 tendrá otra víctima mortal: el empleo. Hasta 1.4 millones de trabajos se fulminarán durante este año, anticipó el Banco de México.
Esta destrucción equivale a borrar del mapa la nómina de 11 instituciones del sector público federal.
Si se materializa la previsión más pesimista del Banxico será como acabar con los trabajos del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y las secretarías de Defensa Nacional, Educación Pública, Salud, SHCP, SCT, Agricultura y Gobernación.
Si se compara con la población de algún estado, significa extinguir a los habitantes de Baja California Sur y Colima, que suman 1.5 millones, o la de Aguascalientes, que por sí sola tiene 1.4 millones de pobladores.
“Se presenta una revisión a la baja en cuanto a los puestos de afiliados en el IMSS”, destacó el gobernador central, Alejandro Díaz de León, al dar a conocer el Informe trimestral de la inflación.
En el documento se expone que la incertidumbre en torno a las previsiones de crecimiento se traduce, a su vez, en dudas respecto a las expectativas para la variación del número de puestos de trabajo registrados en el IMSS.
Esto significa que el banco central sólo está cuantificando las pérdidas de plazas del mercado formal. Expertos prevén que se pierda una cifra similar de trabajos informales.
De acuerdo con el reporte, en 2020 puede observarse una variación negativa de entre un millón 400 mil y 800 mil puestos de trabajo; para 2021 se puede presentar una variación de una pérdida de 200 mil empleos y la creación de 400 mil.
Estrés inédito. En el informe se pone de relieve que los choques derivados de la pandemia han sometido al mercado laboral mexicano a un alto nivel de estrés inédito.
El empleo formal registrado en el IMSS sufrió una destrucción significativa en marzo y abril, y se concentró en los rubros más expuestos a la suspensión de actividades no esenciales durante la emergencia.
Pone de manifiesto que la literatura económica ha mostrado que los trabajadores que se separan temporalmente de sus puestos no sufren reducciones notorias en sus salarios al volver, pero los que se separan permanentemente padecen pérdidas significativas. De ahí la importancia de políticas públicas que protejan las relaciones laborales.