Ciudad de México
Durante 2024 fueron documentados 94 eventos de agresión contra defensores de derechos humanos ambientales en 20 entidades del país, en los cuales se registró un incremento en el número de víctimas mortales.
La cifra es significativamente menor a la reportada durante 2023, cuando se registraron 123 eventos de agresión; sin embargo, los casos letales aumentaron en un 25 por ciento, al pasar de 20 a 25, advierte el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en su informe anual en la materia.
La mitad de los eventos de agresión se registró en cinco entidades: Oaxaca (15), Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8). Y el estado con el mayor número de eventos de agresión que involucraron homicidios fue Chiapas, con 9.
El 12 de mayo pasado fueron asesinados Ignacio López y 10 miembros de su familia en el marco de un conflicto entre la comunidad del ejido de Nueva Morelia y un grupo del crimen organizado que asumió el control de una mina de barita en la región que fuera clausurada por la Profepa.
Grupo REFORMA informó en esa ocasión que al catequista Nacho, como era conocido López, y a cinco integrantes de su familia los asesinaron a balazos en su casa en el municipio de Chicomuselo porque no quisieron unirse a ningún grupo criminal que se disputa el control de la Sierra de Chiapas.
En el ejido Nueva Morelia se registra una disputa por el control territorial entre la organización "El Maíz", del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el Cártel de Sinaloa (CDS).
El 12 de enero, fue asesinada Carmen López Lugo, integrante del Consejo Nacional Indígena que se había destacado en la defensa del territorio del ejido de Tila, mientras que el 20 de octubre fue ultimado en San Cristóbal de las Casas el sacerdote tzotzil Marcelo Pérez, fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)
El informe refiere también los homicidios de Marcos Sánchez Perea, presidente del Comisariado Ejidal, y los guardabosques José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro en San Andrés Hueyacatitla, cerca de las laderas del volcán Iztaccíhuatl, en Puebla.
El Cemda indica que, además del homicidio, los principales tipos de agresión documentados el año pasado fueron intimidación, hostigamiento, homicidio, criminalización y estigmatización.
Señala que el total de defensores víctimas de los eventos de agresión documentados ascendió a 301, una disminución de 115 respecto a 2023.
Poco menos de la mitad de los eventos de agresión (43) estuvieron dirigidos contra miembros de comunidades y casi un cuarto (21) contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
En dos terceras partes de los eventos (62) el principal responsable fue algún agente del Estado, incluyendo funcionarios federales, policías estatales y municipales y personal de Fiscalías, entre otros. Les siguieron personal de empresas privadas, con 25 eventos, e integrantes del crimen organizado, con 17.