CIUDAD DE MÉXICO
Las Fuerzas Armadas seguirán en las calles, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2020, para disponer de manera extraordinaria del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Por mayoría de ocho votos a favor, el pleno de la Corte desechó la controversia constitucional que presentó la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), contra esa norma, al considerar que López Obrador ejerció una facultad emanada del artículo quinto transitorio de la reforma de la Guardia Nacional de 2019, por lo que no violó la división de poderes.
El artículo quinto transitorio establece que el Presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por un periodo de cinco años, que vence en 2024, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades operativas.
Con excepción de Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar Morales, los ministros determinaron que el acuerdo presidencial está fundado y motivado, puesto que cumple con el artículo y respeta los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diversos casos contra México.
La ministra ponente Margarita Ríos Farjat pidió a sus homólogos no politizar el tema, ya que el nivel de criminalidad y delincuencia en México es agobiante y el acuerdo "no es el centro de la política militar del país ni es la fuente del llamado militarismo, ni tampoco es una elección personal".
Consideró que el Ejecutivo federal sólo materializó lo que ordena la Constitución en el quinto transitorio que, mientras se cuenta con una Guardia Nacional en forma, se pueda disponer de una manera clara del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, afirmó que el caso analizado no consistió en determinar si deben o no utilizarse las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ni sobre cómo debe enfrentarse al crimen organizado, sino que lo único que les tocó resolver es si López Obrador ejerció correctamente la facultad de disposición de los militares.
Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el acuerdo presidencial no viola el principio de reserva de ley ni supone una injerencia arbitraria en las atribuciones del Congreso de la Unión.
Durante su exposición, aseveró que la ausencia de una regulación de la actuación de las Fuerzas Armadas generó una grave situación de inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía y el propio Ejército.
Aunque admitieron la situación de inseguridad que azota al país y que se ha hecho cada vez más aguda, los ministros Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara votaron contra la validez del acuerdo.
Aguilar Morales refirió que dicho acuerdo no justifica la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mientras lo requiera la Guardia Nacional.
"Considero que al hacerse uso de la facultad extraordinaria prevista en transitorio constitucional, es necesario que se motive de forma reforzada las razones por las cuales se ha decidido hacer uso de dicha facultad", insistió.
El ministro Juan Luis González Alcántara reiteró su rechazo a que la labor policiaca sea desarrollada por el Ejército, cuyo uso debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad.
"Me preocupa que el acuerdo incumple en gran medida con la condición de que la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria. Esta condición, en términos de la Corte IDH, debe entenderse de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso", puntualizó.
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa mencionó que el acuerdo reclamado se limitó a dar cumplimiento al artículo quinto transitorio y que "resulta imprescindible garantizar a la población la seguridad a cargo del Estado, y necesaria e indispensable la participación de las Fuerzas Armadas para capacitar y profesionalizar a la Guardia Nacional, que cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a una delincuencia organizada que ha rebasado ya a la sociedad".
Los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron por la validez del acuerdo, con diferentes consideraciones.
"Vivimos una grave crisis de seguridad pública y desde hace tiempo se ha venido usando a las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías civiles a afrontarla sin que se les haya provisto de elementos jurídicos claros que sustenten su actuación", comentó la ministra Piña Hernández.