Tijuana
El coordinador de Oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana y la secretaria del delegado estatal fueron detenidos hace 20 días durante un operativo de la FGR en el que se encontraron armas y, al menos, 1.5 millones de pesos en efectivo.
Sin embargo, el juez federal en Tijuana, Óscar Saúl Cortés Ortiz, declaró ilegal el arresto de Marte Antonio Camacho Solano y María Elizabeth Paredes Sánchez, pese a la posesión de 15 cartuchos de arma calibre .9 milímetros, 1 millón 90 mil pesos, así como 27 mil dólares en efectivo, cuya procedencia no fue explicada al momento de la detención.
El operativo, que se desarrolló el pasado 29 de febrero en colonia Villas de Santa Fe, Quinta Sección, al suroeste de la ciudad, fue confirmado ayer por la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila luego de que fuera revelado por un medio local.
"Salieron libres (los funcionarios de Migración), nuevamente un tema de los jueces que dejan en libertad... ahora sí que es un tema federal, le corresponde a la FGR", apuntó Ávila al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina.
De acuerdo con el portal Punto Norte, el cateo tuvo lugar en un domicilio de la calle Privada Alicante de la colonia Villas de Santa Fe, Quinta Sección, al suroeste de la ciudad. En el lugar, además del dinero, policías ministeriales encontraron una libreta en la que se registraba cuentas y el cobro a cada migrante, dependiendo de la nacionalidad.
La información refiere que Camacho Solano, originario de Culiacán, Sinaloa, tiene al menos 24 años de servicio en el INM y ha estado a cargo de dirigir filtros migratorios en los aeropuertos de Tijuana y Mexicali, así como las visitas de verificación migratorias.
Reveló que en la audiencia inicial de control, el juez Cortés Ortiz determinó que la FGR cometió irregularidades en el arresto, por lo que ordenó la libertad de Camacho y de Paredes Sánchez.
Ayer en la conferencia, la Fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez indicó que que se comunicó con la FGR a través de las mesas de seguridad, por si había delitos del fuero común qué perseguir.
"Ellos llevaron su procedimiento, detención, investigación, derivado de ese cateo, y turnaron o judicializaron ante el juez federal, ellos han hecho sus manifestaciones respecto a los juzgados federales respecto a algunas libertades (de presuntos responsables) de manera inconsistente, como en este caso", explicó.