Ciudad de México
El que fuera fiscal general de México durante una de las peores tragedias que se recuerdan, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ha sido detenido este viernes. La Fiscalía acusa a Jesús Murillo Karam de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por el caso de los jóvenes. El exfiscal ha sido capturado un día después de que la Comisión para la Verdad, un comité creado para aclarar lo sucedido esa noche del 26 de septiembre, concluyera que la persecución y secuestro de los estudiantes de Magisterio, así como una cadena de negligencias en la investigación, constituyó "un crimen de Estado". Murillo Karam, la cabeza visible de la gran cantidad de errores denunciados, que han impedido acceder a la verdad y la justicia desde hace ocho años, es el primer político de alto nivel que se sentará en el banquillo por el caso que cimbró el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018).
Murillo Karam ha sido detenido en su casa este viernes y, según un comunicado de la Fiscalía, "colaboró con las autoridades sin oponer resistencia". El exfiscal había sido señalado también por una posible participación en tramas de contrataciones ilícitas de equipos de espionaje y aeronaves. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el grupo político del exfiscal, ha reaccionado contra la captura: "La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos", ha señalado en su cuenta oficial de Twitter.
Unas horas después de la detención de Murillo, la Fiscalía ha anunciado otro golpe al hígado de los posibles responsables detrás de la desaparición de los estudiantes: el Ejército. Se ha emitido una orden de detención contra 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones de la ciudad de Iguala, en Guerrero, donde sucedió la persecución de los jóvenes. También contra así cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; además de otros 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. "Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia", señala el comunicado de la institución.
La captura del exfiscal se ha ejecutado un día después de que la Comisión señalara a autoridades federales del más alto nivel como "omisas y negligentes". El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que presentó las conclusiones sobre el caso Ayotzinapa el jueves, señaló a Murillo entre una lista de presuntos responsables de tortura y desaparición forzada, donde también figura el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la justicia desde 2020 y refugiado en Israel, un país con el que México no tiene acuerdo de extradición.
No es la primera vez que Murillo Karam ni otras autoridades federales, como la Marina, son señaladas de fabricar pruebas e incluso torturar a detenidos para diseñar una versión oficial sobre lo que sucedió esa noche, conocida como "verdad histórica". Desde 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el caso de manera paralela a las autoridades, cuestionó la veracidad de las conclusiones de la Fiscalía de esos años. Y en un último informe presentado en marzo, se desveló un vídeo inédito en el que se observaba a los agentes de la Marina manipulando una falsa escena del crimen en el basurero de Cocula.
Ahí aterrizó Murillo el 27 de octubre, según las imágenes, junto a un convoy de la Marina. Unas horas antes, los agentes habían explorado la zona, sacaron bolsas y objetos y metieron otras en una camioneta. Después, hicieron una hoguera. El objetivo, según el grupo, fue colocar los huesos de uno de los 43 en el río, de Alexander Mora, apuntalando la versión del basurero, que el Gobierno de Peña Nieto mantuvo años después. Según esta narrativa, severamente cuestionada estos años, el grupo criminal Guerreros Unidos habría asesinado y quemado allí a los 43 estudiantes, y después arrojado sus restos a un río cercano.
El subsecretario Encinas acusó el jueves a esas "autoridades de alto nivel" de "alterar hechos y circunstancias" para establecer una conclusión "ajena a la verdad". Y denunció que "las acciones, omisiones y participación de autoridades federales y estatales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas". La presentación de la Comisión supuso un misil cargado contra el anterior Gobierno, especialmente contra Murillo Karam.
El subsecretario denunció también que, "derivado de actos de tortura" cometidos durante las investigaciones, 77 de las personas que habían sido detenidas fueron liberadas después al acreditarse la violación de sus derechos. La Fiscalía cuenta con más de 60 vídeos de interrogatorios de autoridades a unos 50 detenidos, que demostraban "el trato degradante y violatorio de derechos humanos", según expuso el GIEI. Estos se sumaban a dos anteriores, donde en uno de ellos se veía explícitamente la tortura por parte de autoridades. Los vídeos los había grabado el CISEN, el servicio de inteligencia del Estado.
La Comisión explicó el jueves por primera vez que "no hay indicios" de que ninguno de los normalistas desaparecidos esté vivo. Se trata de la primera vez que un alto funcionario del Estado verbalizaba en público, en un acto oficial, un comentario repetido cantidad de veces en la intimidad estos años. La posibilidad de que alguno de los 43 apareciera con vida era remota. El mes que viene se cumplen ocho años del ataque y en este tiempo se han encontrado restos óseos de tres de los 43. Pero ni una pista del posible paradero en vida de ninguno.
"YA ME CANSÉ"
Murillo Karam se convirtió durante los meses siguientes de la tragedia en el blanco de toda la indignación nacional. En una conferencia de prensa que le ha acompañado siempre y que formaba parte del plan para crear la "verdad histórica", después de anunciar que tenían confesiones de sicarios que aseguraban que habían asesinado brutalmente a los 43; que el alcalde de un municipio los había entregado a un cartel porque habían intentado reventar un acto público de su esposa; que no era seguro que pudieran identificar alguna vez sus restos, ya que fueron quemados y arrojados a un río; quedaban demasiadas dudas. Y un periodista le hizo una pregunta, pero lo que trascendió fue una lamentable respuesta: "Ya es suficiente. Ya me cansé".
La frase del procurador irritó a una sociedad horrorizada por la desaparición de los jóvenes. Y muchos años después, se convirtió en el lema oficial de la indignación de los mexicanos contra el Gobierno de Peña Nieto.