Ciudad de México
Con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alineada al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, activistas aseguran que 2023 enfrentó un panorama negro y complicado en materia de derechos humanos y dicen que 2024 no será distinto, ya que el rubro no es prioridad para esta administración y este año será dedicado al proceso electoral.
"En 2024 tendremos un panorama complicado, considerando a los actores que están alrededor de la violencia en el país durante los últimos años. Cada vez es más evidente que existen regiones que son controladas por grupos delincuenciales, que muchos han denominado como la gobernanza criminal que están por encima de gobiernos estatales y municipales", destaca Michael Chamberlin, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH y presidente de Consultora Solidaria S.C.
El año que concluyó cerró con algunas cifras importantes: aumento de 5% en las detenciones de migrantes en noviembre pasado con respecto al mes anterior en los mil 149 kilómetros de la frontera sur, el avance de la militarización en territorio nacional, más de 3 mil mujeres asesinadas anualmente y además 91.8% de los delitos que se denuncian en México no son investigados.
El activista precisa que el rol que ha jugado la institución en las constantes violaciones a los derechos humanos ha sido oscuro por las afinidades de la titular de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, con el partido hegemónico.
"Tenemos una institución mucho más politizada y enfocada a proteger las decisiones presidenciales, más que hacer una defensa propiamente de los derechos humanos. La presidenta de la comisión ha sido omisa. Hubiéramos esperado una CNDH mucho más beligerante en términos de apuntar hacia las causas, hacia los responsables, hacia los mecanismos de prevención. Y en realidad, ha sido todo lo contrario", comenta.
DESAPARECIDOS
Hace algunas semanas, ONG denunciaron que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador "rasuró" el padrón de más de 112 mil personas desaparecidas en territorio nacional, presuntamente para minimizar este fenómeno.
"Este hecho representó un asalto a las instituciones, en este caso a la Comisión Nacional de Búsqueda. Siempre ha habido un problema con el registro, eso es claro, pero esta manera de abordarlo, como asaltando a la propia Comisión, generó descontento y más desconfianza y confusión.
"Esta fue una señal muy clara de cómo no existe una visión para el fortalecimiento institucional, sino acciones centradas en el ejercicio del Presidente. Esto es muy peligroso, porque estamos a expensas de lo que determine de manera unilateral el Ejecutivo federal y no lo que establecen las instituciones con sus reglamentos y protocolos", considera.
Para Chamberlin existen otros sucesos relevantes durante este año en materia de derechos humanos, como la visita de los 10 integrantes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en octubre pasado, que externó su preocupación por el alza de desapariciones en México, por la impunidad y la falta de mecanismos de prevención.
CASO IGUALA
Resalta ,además, la salida del caso Iguala del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde su óptica obedeció a que la actual administración "Prefiere mantener la verdad histórica de Jesús Murillo Karam y de Enrique Peña Nieto, en lugar de dar con la verdad y con los desaparecidos".
Señala que "el ejercicio de los derechos humanos depende mucho de la calidad de democracia que tengamos. Y los derechos humanos se garantizan porque existen instituciones que están detrás de los ciudadanos y no por la voluntad de una sola persona. Estamos enfrentando graves retrocesos en materia de democracia que nos remiten a los tiempos arbitrarios del PRI de los 70".