Ciudad de México
Superada la vorágine electoral, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 10 meses después de la última cita. El mandatario entregó 15 documentos militares a las familias, parte, al parecer, de los 800 que han reclamado estos últimos meses. López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, y su segundo, el subsecretario Arturo Medina, señalaron que los documentos en realidad formaban parte de su archivo y que los han encontrado ahora, en una nueva búsqueda. El resto de los 800, les dijeron, o no tienen nada que ver con el caso, o se reservan por seguridad nacional.
El encuentro con López Obrador fue ríspido, como han sido las relaciones entre las partes en los últimos años del sexenio. El mandatario llegó a la reunión acompañado de Alcalde y Medina, y también de los secretarios de Marina y Defensa, además del director del Centro Nacional de Inteligencia y del fiscal especial del caso. Del otro lado, la convocatoria fue atendida por la mayoría.
GRUPO PRINCIPAL
Estaba el grupo principal de familiares y el grupo minoritario, favorecido este último por el subsecretario Medina, sustituto de Alejandro Encinas, que ha mantenido una relación distante con el grupo principal. Quien no estuvo fue la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuyo papel en el futuro del caso resulta una incógnita.
El Gobierno ha cambiado el relato respecto al entuerto del archivo militar. Los documentos requeridos por las familias sí existen, negando así las líneas discursivas de meses anteriores, que señalaban que no existían. Buena parte de las esperanzas de las familias para destrabar las investigaciones del caso pasaban por ahí. Un par de documentos del archivo castrense, divulgados hace casi cuatro años, mostraban conversaciones de integrantes de la red criminal que atacó a los estudiantes, hace casi ya 10 años, en el municipio de Iguala, en Guerrero. El Ejército había monitoreado esas conversaciones con software espía. En las conversaciones, los criminales hablaban del traslado de un grupo de normalistas durante el ataque.
INVESTIGADORES INDEPENDIENTES
En los años de mandato de López Obrador, el GIEI, grupo de investigadores independientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandó a México a seguir el caso, se zambulló en el archivo militar. También lo hizo la comisión especial de la Secretaría de Gobernación. Entre ambos equipos encontraron esos y otros papeles. Antes de su salida el año pasado, el GIEI señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún debía entregar 800 documentos de su archivo, en que podría haber información parecida a la encontrada en los dos documentos divulgados años atrás.
El Gobierno siempre dijo que la Sedena había entregado todo y que esos archivos no existían. Ahora han matizado el asunto: si existen, estaban en el acervo construido estos años y no los habían encontrado.