El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso la iniciativa de reforma eléctrica, que contempla el control del sector por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eliminando desde reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que le impedían asumir ese control, hasta la competencia privada en generación y venta de energía.
El proyecto le delega a la CFE la fijación de las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las de usuarios finales. A la reforma se incorpora al litio y demás minerales, como área estratégica del Estado.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) será reincorporado a la Secretaría de Energía (Sener) y con él las funciones de la interconexión de todos los actores al SEN.
En el segundo artículo transitorio, el proyecto presidencial plantea la cancelación de los certificados de energías limpias para generadores públicos y privados, pues argumenta que se han convertido en un negocio.
Actualmente, los privados que suministran energía deben cumplir con un porcentaje de energía eléctrica proveniente de energías limpias y es la CRE la que emite dicha aprobación.