Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), reveló que existe una orden de aprehensión en contra del alcalde con licencia Carlos Peña Ortiz, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sobre su caso, aclaró que inició en mayo del 2021, se le invitó a comparecer pero promovió nueve amparos y quedaron sin efecto.
“Es importante que no se olviden las cosas, en el caso de él (Carlos Peña) obedece a una denuncia de una persona a quien hace poco lo premian con un cargo y esto es algo que ya no entendí”, explicó Ramírez.
Reiteró que la denuncia en contra del exalcalde es de una persona que actualmente labora en el Ayuntamiento de Reynosa.
La entrevista de Raúl Ramírez fue en el Congreso del Estado, previo a la diligencia del proceso de desafuero en contra de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica (Morena).
Peña Ortiz es requerido por la autoridad judicial para responder por los delitos de presunto enriquecimiento y uso de recursos de procedencia ilícita que en su momento nunca tuvo voluntad de esclarecer.
Varios fueron los actores políticos que lo demandaron -no solamente Marcelo Olán Mendoza- por los mismos motivos lo denunciaron el Partido Acción Nacional y el entonces diputado local Rigoberto Ramos Ordoñez.
Su estrategia legal de Peña Ortiz fue de recurrir a diversos juzgados para solicitar recursos de amparo y no comparecer ante la autoridad judicial, al menos en tres ocasiones fue citado y en las mismas decidió no presentarse.
Aunque le dio un cargo en su gobierno a Olán Mendoza, pero el proceso continuó.
Al menos en diferentes ocasiones, Carlos Peña Ortiz se negó a comparecer ante las audiencias en que fue requerido entre abril y mayo del 2021.
Jueces de Control del Sexta Región Judicial con sede en Altamira, declararon improcedente la solicitud de amparo contra actos en su contra por parte de Carlos Peña Ortiz al emitir dicho criterio en relación a los autos de la incidencia de suspensión del juicio de amparo 39/2021-1 promovido por Víctor Carlos Peña.
De acuerdo a este resolutivo del pleno de jueces, Carlos Peña Ortiz tendrá que comparecer y desahogarse la audiencia inicial sobre la judicialización de la indagatoria penal hasta en tanto se demuestre el cumplimiento a la suspensión en los términos agotados.
Peña Ortiz solicitó el recurso de amparo contra actos en su contra en base al conocimiento de la demanda, tras afirmar que se le impidió acceso al conocimiento del expediente.
Empero, el criterio judicial emitió que no hay elementos que sustenten su petición de protegerse contra autos en su contra, pues dicho proceder en nada se contrapone con la suspensión provisional otorgada en este incidente.
Fue precisamente su ausencia en la tercera convocatoria de comparecencia el 6 de mayo del 2021, lo que lo vinculó a proceso e iniciar formalmente un expediente penal acusatorio en su contra.
Carlos Víctor o Víctor Carlos Peña Ortiz omitió presentarse al cumplimiento del citatorio emitido por un Juzgado Penal del Tribunal Superior de Justicia con sede en San Fernando para responder a la demanda en su contra por presunto uso de recursos de procedencia ilícita en la compra de bienes raíces.
¿Y EL RANCHO?
La denuncia presentada contra Carlos Peña Ortiz fue porque compró un rancho de mil 500 hectáreas, pero nunca demostró sus ingresos.
Marcelo Olán Mendoza pidió que se abra una investigación en contra del hijo de la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, para que aclare la compra de un rancho de mil 500 hectáreas en el municipio de Cruillas, con un valor de alrededor de 12 millones de pesos.
El aspirante de Morena a la alcaldía de Reynosa denunció que Carlos Peña Ortiz aparece como propietario de dicho predio, que según documentos en su poder compró el 9 de enero del 2014 en 4 millones 500 mil pesos, pero su valor real alcanzaría más de 12 millones de pesos.
Indicó que el hijo de la alcaldesa de Reynosa deberá responder a una denuncia penal y tendrá que explicar cómo obtuvo los recursos para la compra de las mil 500 hectáreas si en esa fecha contaría con unos 20 años de edad y no se le conoce un trabajo que le deje recursos financieros para obtener una propiedad de esa naturaleza. (La Tarde / Staff)
Olán Mendoza dijo contar con las pruebas necesarias para documentar una denuncia penal, además de que a Peña Ortiz le imputó otros delitos como falsificación y mal uso de documentos oficiales, como actas de nacimiento con distintas identidades.
El aspirante de Morena, abogado de oficio, puso en duda los manejos financieros del hijo de la alcaldesa al frente del DIF de Reynosa, instancia que, por su naturaleza debe ser una de las áreas más sensibles de cualquier gobierno o municipio porque su potestad es el manejo de los programas y apoyos favor de la población más desprotegida.