CIUDAD DE MÉXICO
Registros oficiales indican que los inconformes han presentado ampliaciones en al menos cuatro amparos colectivos, promovidos en 2023, para impugnar la extinción de esos fideicomisos.
La desaparición de esos fondos -destinados a pensiones complementarias de Jueces, Magistrados y mandos judiciales, así como gastos médicos extraordinarios-, fue decretada por el Congreso en octubre.
Sin embargo, dicha reforma fue congelada en la Corte por el Ministro Javier Laynez.
Ampliaciones de amparos presentadas en juzgados cuestionan la decisión presidencial del 1 de mayo, donde se detallaron las fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar, sólo en la parte que incluyó los fideicomisos del PJF, que tienen un saldo de 16 mil 400 millones de pesos.
Originalmente, AMLO quería usar el dinero de los fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco tras el huracán "Otis".
Sin embargo, el pasado lunes el Gobierno federal informó que el FPB inició con un saldo inicial de 44 mil 894 millones de pesos, provenientes de cuentas inactivas de Afores, así como de recursos de la extinción de la Financiera Rural y aportados por el Infonavit.
Este dinero ya se está usando para complementar la pensión de 280 personas que se retiraron con bajos ingresos, debido a los escasos recursos que acumularon en las cuentas de sus Afores desde 1997.
Pero más allá de las aportaciones iniciales, las demás fuentes de financiamiento del FPB son de dudosa solidez, pues dependen de ahorros del Gobierno o eventuales utilidades de paraestatales militares, de ahí la importancia de los fideicomisos.
Sin ingresos de las fuentes mencionadas en el decreto presidencial, tarde o temprano, el Gobierno tendrá que subsidiar el FPB con el presupuesto anual, lo que iría contra el propósito que tuvo la creación de la Afores.
Adicionalmente, el morenista Ricardo Monreal afirmó el pasado martes que los fideicomisos del Poder Judicial financiarían la elección de juzgadores que propone la iniciativa de reforma al Poder Judicial.